Diputados del Frente para la Victoria impulsarán en el Congreso la creación de una Comisión investigadora para identificar a los cómplices económicos de la última dictadura cívico-militar.
El primer paso será este lunes a las 17, cuando encabezados por el titular de la Cámara Baja, Julián Domínguez, y el presidente de la Comisión de Trabajo, Héctor Recalde, un grupo de 14 diputados del Frente para la Victoria presenten en conferencia de prensa el proyecto para crear la “Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar para la Búsqueda de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia”.
El proyecto que lleva la rúbrica, entre otros, de Recalde, la titular de la bancada oficialista, Juliana Di Tullio, y los diputados Andrés Larroque y Eduardo "Wado" De Pedro, señala que la Comisión "tendrá por objetivo la elaboración de un informe con una descripción detallada de los aspectos más salientes así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la dictadura que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983 y la identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron a y/o se beneficiaron con esa dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza."
Los fundamentos serán defendidos en la conferencia de prensa por Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV); Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS) y el propio Recalde.
La iniciativa propone que la Comisión este compuesta por un presidente, designado por el Poder Ejecutivo Nacional, quien deberá reunir acreditada solvencia y experiencia en el campo de los Derechos Humanos y que tendrá a su cargo la representación de la Comisión, cuatro diputados y cuatro senadores, que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos.
Los firmantes del proyecto sostienen que no puede haber diferencia entre “las consecuencias civiles y penales de los delitos de lesa humanidad abogando por la prescriptibilidad de las acciones civiles y por la imprescriptibilidad de las acciones penales” y aseguran que esa posición no sólo es "restrictiva" sino que "resulta más dolorosa e impropia en el caso argentino en el cual el golpe militar no obedecía a una necesidad militar" sino a conseguir "una profunda redistribución de los poderes sociales a favor de los sectores más poderosos".
En caso de avanzar la intención de los legisladores la Comisión "deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices” y deberá publicar el informe dentro de los 180 días, contados a partir de su constitución, plazo que podrá ser prorrogado por única vez por otro igual.
La Comisión deberá formular dentro de los 20 días siguientes a su constitución un cronograma de trabajo que incluirá: recepción de información y denuncias; citación y requerimiento de informes a organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios, empresas, cámaras empresarias, asociaciones sindicales y partidos políticos, y a dependencias de los tres poderes del Estado.
La Comisión "deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices” y deberá publicar el informe dentro de los 180 días, contados a partir de su constitución, plazo que podrá ser prorrogado.
La Comisión podrá obligar a todos los estamentos del Estado a brindar informes y también podrá solicitarlo a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
En ningún caso será oponible a la Comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. La Comisión podrá recurrir a la justicia a fin de remover todo obstáculo arbitrario que se presente a la investigación.
