lunes, 28 de abril de 2014

1980-2014: 34 Años de Complicidad e Injusticia

Por LUIS ALBERTO ODDONE
Oddone.luis@gmail.com
Miami.- Hoy, veinticinco de abril de 2014, se cumplen 34 años de mi secuestro e Intervención Ilegal del Banco Oddone S.A.

Tenía 37 años. Había creado un imperio que daba trabajo a 5.500 personas en relación directa y 30.000 en relación indirecta desde San Salvador de Jujuy hasta Río Gallegos. Las empresas de diversificación económica, 38 compañías industriales y comerciales, facturaban 1.800 millones de dólares. (Techint S.A. y Pérez Companc S.A. facturaban 1.000 millones y 400 millones respectivamente). El banco era el sexto banco del país con la mayor mesa de dinero del mercado financiero con un movimiento de 200 millones de dólares diarios.

Ese día me secuestraron llevándome a la División Bancos de la Policía Federal basada en el Banco de la Nación Argentina sobre la esquina de las calles Bartolomé Mitre y 25 de Mayo. El Presidente del Banco Central Adolfo Diz, el Vicepresidente 1ro. Alejandro Reynal y el Almirante Andrés Cobas habían dado la orden.

Designan interventor en el Banco Oddone S.A. al Presidente de Sasin S.A., financiera propiedad del Banco de Boston cuyo presidente era el cuñado del Vicepresidente 1ro Reynal. Me blanquean a las dos semanas fabricando una Causa por Administración Fraudulenta sin pruebas, investigación previa ni Sumario Administrativo de acuerdo al procedimiento indicado por la Ley de Entidades Financieras y su Reglamentación. Me derivan a la Unidad Carcelaria Nro. 1 de Caseros, hoy demolida.

La policía secuestra 17 funcionarios del grupo con sus esposas y el interventor encarcela a un Director del banco. Durante la intervención no efectúa Inventario de Inicio, se vacía el banco tomando fondos de redescuentos especiales innecesarios de los cuales desaparecen 50 millones de dólares. (La auditoría externa efectuada posteriormente por mí y presentada como prueba nunca fue tomada en cuenta por los Jueces Federales ni Comerciales). Los contra asientos contables para justificar la salida de los fondos eran ordenados en persona por el Lic. Alejandro Reynal al contador del banco. (Las pruebas documentales tampoco fueron nunca tomadas en consideración por la Justicia). Desde 1980 hasta 1984 ni el interventor ni los liquidadores designados a continuación contabilizan la actividad, ya pasiva, de pagos de depósitos, recupero de préstamos, salarios del personal, balances mensuales, cobros de dividendos, etc. A partir de 1984 los liquidadores del BCRA fabrican la contabilidad desde abril de 1980 en adelante la cual continúa hasta nuestros días.

En 1997 la Jueza Federal Penal me condena a seis años de prisión por presuntos préstamos otorgados  a las empresas del Grupo Oddone. La Sala II de la Cámara Federal Penal cambia la Carátula de la Imputación y me condena por la pérdida de los depósitos del Banco. (Los depósitos del Banco Oddone estaban asegurados por el Fondo de Garantía de los Depósitos implementado por el Banco Central y por cuya Póliza de Seguro se pagaba una prima preestablecida por la Entidad Rectora mensualmente).

Apelamos el Fallo a la Corte Suprema. La Corte Suprema deniega el Recurso Extraordinario aludiendo que el Recurso Extraordinario había sido mal otorgado porla Cámara Federal Penal. El Fallo de ésta queda firme sin darme el Derecho de Defensa en Juicio por el cambio de la Carátula en la Imputación.

La Corte Suprema en dos oportunidades determina la Violación del Debido Proceso: 1984 y 1987 continuando suspendida la Liquidación mediante unaMedida de No Innovar dictaminada por la CSJN en 1981 hasta tanto se determinara si el Banco Oddone fue liquidado a derecho o no. 

En 2005 la CSJN convalida la liquidación, antes suspendida por los Fallos mencionados anteriores de la propia CSJN, remitiéndose a los Estados Contables Falsos, (que desde hacía más de tres años estaban bajo investigación penal), y convalida también la ley de facto 22.267, sin hacer ninguna consideración al respecto, contrariando todos los principios y garantías constitucionales aplicables al caso, y contrariando también la propia doctrina de la Corte y los precedentes directos del caso.

A consecuencia de este Fallo comienza el proceso de quiebra del Banco Oddone S.A. en 2005, a 25 años del inicio del Proceso Judicial.

Continúa la Causa Comercial en el Juzgado Nro. 11 Secretaría Nro. 22 con la administración de los bienes del banco y la contabilidad fraguada por los funcionarios del Banco Central designados por el Directorio en 1980 y sus sucesores. Mi defensa comprueba durante el período de esa administración la venta ilegal de acciones del portafolio del banco, Reanult Argentina S.A., Astra S.A., Nobleza Piccardo, etc. por cifras millonarias parte de las cuales no son ingresadas al patrimonio del banco siendo sustraídas por los funcionarios del BCRA. Se comprueba la emisión de facturas falsas por parte de los funcionarios del BCRA para sacar fondos en su beneficio personal de los depósitos a plazo fijo del banco, malversaciones de fondos del Banco Oddone para financiar a otras entidades liquidadas sin patrimonio, contrataciones de personal inexistente, malversación en los alquileres de las estancias y propiedades inmuebles del banco, etc. La Fiscal de la Cámara Comercialefectúa, a consecuencia de estos hechos probados por la defensa, una Denuncia Federal Penal contra el B.C.R.A. la cual es promovida por el Procurador General dela Nación.

La Denuncia es tomada por el Juzgado Federal Penal Nro. 12 en 2003. El 18 de marzo de 2014 el Juzgado Federal Nro. 12 dictamina el llamado a Indagatoria para el ex interventor Juan Carlos Asté y los ex Directores del B.C.R.A. Marcelo Aiello, Manuel Rubén Domper, Juan Carlos Fossati, y Eugenio Armando Pendás.

Estas indagatorias completan las anteriores efectuadas a los funcionarios de líneaFernando González Llanos, Adolfo Carlos Lavenia, Miguel Ángel Pareja y Graciela Cristina Pérez. A partir de este dictamen del Juez Federal quedan configurados los delitos de Balance Falso y Administración Fraudulenta del Banco Central de la República Argentina en la Administración como Interventor y Síndico de la Quiebra Fraudulenta decretada por la Justicia Comercial a pedido del Banco Central bajo su gestión, en la que imputara a su principal accionista, el Sr. Luis Alberto Oddone y a su equipo de gestión.

Entretanto el BCRA se presenta a la quiebra del Banco Oddone reclamando una deuda inexistente. El plazo de verificación cerró el 26/9/06. El BCRA se presenta averificar solamente con copia del fallo de la Corte Suprema mencionado de 2005 y una certificación de sus propios libros (falsos), firmada por dos funcionarios (ni siquiera con firma de contador) por la que reclama un crédito de 2.300 millones de pesos. No presenta ningún respaldo documental para esa pretensión y ningún documento original de donde surja el monto o base del presunto crédito. Se comprueba más adelante por peritajes caligráficos solicitados por mi defensa que las firmas de los funcionarios son falsas.

Los Ex Directores llamados a Indagatoria ya han pedido prórroga para después de la feria judicial de julio, pero el Balance Falso y la Administración Fraudulentaha sido configurada y es inamovible. A pesar de ello la Cámara Comercial Sala E a cargo de los Dres. Sala y Uzal no se sintieron convencidos y produjeron un dictamen dilatorio a la confirmación del Fallo de 1ra. Instancia del Juzgado Nro. 11 Sec. Nro. 22, a cargo del Dr. Fernando Saravia, indicando: Esperar hasta que haya sentencia definitiva, supeditando la decisión final a la confirmación mediante Fallo del Juzgado Federal Penal.

De esta manera le dan oxígeno al BCRA operando literalmente como abogados dela Institución Oficial ya que ni el propio demandado planteó ese tema en el juicio. Los camaristas procedieron con una clara dependencia del Poder Político en un momento en el cual todos los actores representativos del país luchan por la independencia del Poder Judicial debido a la manipulación de los jueces desde las altas esferas del gobierno.

En estos 34 años y particularmente en los últimos en los cuales el cuestionamiento a la Administración de Justicia, a las decisiones económicas del gobierno y las denuncias de corrupción generalizadas por los medios de comunicación social, este caso arquetípico saturado de corrupción no ha merecido la atención ni la independencia de criterio necesarias para dar un final adecuado a una situación de características históricas. Particularmente cuando las cifras involucradas y las personas que han participado en el encubrimiento de los procedimientos utilizados por los funcionarios públicos superan muchas de las que se ventilan a diario en los medios de comunicación social.

De cualquier manera en todos estos años ha quedado demostrado que mis políticas bancarias y empresarias fueron las adecuadas para enfrentar la crisis financiera provocada por los Directores e Ideólogos Civiles de la Dictadura de 1976/1983 ya que mi patrimonio sigue, a pesar de los robos recurrentes, siendo uno de los más importantes de la Argentina.

Acompaño a esta descripción los nombres de los personajes que por acción u omisión han participado y participan de este proceso de encubrimiento y fuga hacia adelante desde 1980 a la fecha como partícipes necesarios del acontecer fáctico.

Sobre las Organizaciones empresarias: ADEBA, UIA, Consejo Empresario, etc., mejor no mencionarlas ya que nunca demostraron solidaridad. Antes, bien que se complacieron con la eliminación de competidores aprovechándose de la carroña dejada en el camino por los directores y funcionarios del Banco Central durante todos estos años.

El Banco Central de la República Argentina ha puesto en evidencia en este caso su nivel de corrupción y la transgresión sistemática a sus propias reglas y principios éticos.

Ministros de Economía:
J. M. Martínez de Hoz, Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann, J. M. Dagnino Pastore, Jorge Wehbe, Bernardo Grinspun, Juan V. Sourrouille, Juan Carlos Pugliese, Jesús Rodriguez, Miguel Roig, Néstor Rapanelli, Antonio E. González, Domingo Cavallo, Roque B. Fernández, José L. Machinea, Ricardo López Murphy, Domingo Cavallo, Nicolás Gallo, Jorge Capitanich, Rodolfo Frigeri, Jorge Rémes Lenicov, Roberto Lavagna, Felisa Miceli, Miguel Peirano, Martín Lousteau, Carlos Fernández, Amado Boudou, Hernán Lorenzino, Axel Kicillof.

Presidentes del Banco Central:
Adolfo Diz, Julio Gómez, Egidio Iannella, Domingo Cavallo, Julio González del Solar, Enrique García Vázquez, Juan J. A. Concepción, José Luis Machinea, Enrique García Vázquez, Javier González Fraga, Egidio Iannella, Rodolfo Rossi, Enrique Folcini, Antonio E. González, Javier González Fraga, Roque B. Fernández, Pedro Pou, Roque Maccarone, Mario Blejer, Alfonso Prat Gay, Martín Redrado, Mercedes Marcó del Pont, Juan Carlos Fábrega.

Jueces de la Causa Federal Penal:
Norberto Ángel Giletta, Amelia Berráz de Vidal, Nerio Bonifati, Gabriel Cavallo,Miguel Del Pino, Guillermo Bataglia, Alberto de Loza Leguizamón, Irurzún, Cattani, Tonelli, Petracchi, Belluscio, Fayt, Moliné OConnor, López, Bossert, Boggiano, Vazquez, Nazareno.

Jueces Causa Comercial:
Alejandro Máximo Paz, Marcelo Gebhardt, Miguel Bargalló, María Cristina OReilly, María Gabriela Vasallo, Fernando Saravia, Rodolfo Ramírez, Martín Arecha, Elios Guerrero, Bindo Caviglione Fraga, María Elsa Uzal, Ángel Sala, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos S. Fayt, Enrique S. Petracchi, Juan Carlos Maqueda, E. Raúl Zaffaroni, Cármen M. Argibay.

NB: Si los lectores se interesan por encontrar más información pueden encontrarla en mi libro en http://www.amazon.com: COMO ROBAR UN BANCO Justicia Cómplice en Argentina o por internet en http://www.correodebuenosaires.com.ar 

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sábado, 5 de abril de 2014

El Congreso investigaría complicidades económicas durante la dictadura



Diputados del Frente para la Victoria impulsarán en el Congreso la creación de una Comisión investigadora para identificar a los cómplices económicos de la última dictadura cívico-militar.

El primer paso será este lunes a las 17, cuando encabezados por el titular de la Cámara Baja, Julián Domínguez, y el presidente de la Comisión de Trabajo, Héctor Recalde, un grupo de 14 diputados del Frente para la Victoria presenten en conferencia de prensa el proyecto para crear la “Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar para la Búsqueda de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia”.

El proyecto que lleva la rúbrica, entre otros, de Recalde, la titular de la bancada oficialista, Juliana Di Tullio, y los diputados Andrés Larroque y Eduardo "Wado" De Pedro, señala que la Comisión "tendrá por objetivo la elaboración de un informe con una descripción detallada de los aspectos más salientes así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la dictadura que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983 y la identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron a y/o se beneficiaron con esa dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza."

Los fundamentos serán defendidos en la conferencia de prensa por Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV); Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS) y el propio Recalde.

La iniciativa propone que la Comisión este compuesta por un presidente, designado por el Poder Ejecutivo Nacional, quien deberá reunir acreditada solvencia y experiencia en el campo de los Derechos Humanos y que tendrá a su cargo la representación de la Comisión, cuatro diputados y cuatro senadores, que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos.

Los firmantes del proyecto sostienen que no puede haber diferencia entre “las consecuencias civiles y penales de los delitos de lesa humanidad abogando por la prescriptibilidad de las acciones civiles y por la imprescriptibilidad de las acciones penales” y aseguran que esa posición no sólo es "restrictiva" sino que "resulta más dolorosa e impropia en el caso argentino en el cual el golpe militar no obedecía a una necesidad militar" sino a conseguir "una profunda redistribución de los poderes sociales a favor de los sectores más poderosos".

En caso de avanzar la intención de los legisladores la Comisión "deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices” y deberá publicar el informe dentro de los 180 días, contados a partir de su constitución, plazo que podrá ser prorrogado por única vez por otro igual.

La Comisión deberá formular dentro de los 20 días siguientes a su constitución un cronograma de trabajo que incluirá: recepción de información y denuncias; citación y requerimiento de informes a organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios, empresas, cámaras empresarias, asociaciones sindicales y partidos políticos, y a dependencias de los tres poderes del Estado.

La Comisión "deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices” y deberá publicar el informe dentro de los 180 días, contados a partir de su constitución, plazo que podrá ser prorrogado. 
La Comisión podrá obligar a todos los estamentos del Estado a brindar informes y también podrá solicitarlo a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

En ningún caso será oponible a la Comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. La Comisión podrá recurrir a la justicia a fin de remover todo obstáculo arbitrario que se presente a la investigación.

viernes, 28 de marzo de 2014

En los juicios por delitos de lesa humanidad están investigados 297 civiles



El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) precisó que en los juicios por delitos de lesa humanidad están investigados 297 civiles, lo que representa el 13% del total de los 2239 imputados. El organismo subrayó que los funcionarios del Poder Judicial representan el 20 por ciento de los civiles procesados, mientras que señala un trato diferenciado de las responsabilidades --solo uno de siete sacerdotes fue condenado--. Por otra parte, el Cels califica de "escasa" la investigación respecto del personal civil de inteligencia.

El informe, que es un adelanto del libro "Derechos Humanos en Argentina. Informe 2014", sostiene que la "extensión en el tiempo y la información que se produce en el marco de los juicios" contra las Fuerzas Armadas "ampliaron los límites de la investigación penal" y dejaron en evidencia la "responsabilidad de civiles".

Para sostener esa hipótesis, el documento precisa que hasta marzo de 2014, son 297 los civiles investigados, el 13% del total de 2.239 imputados, lo que refuerza la idea de que la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983 fue "cívico-militar".

Los tipos de civiles acusados van desde funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, profesionales de la salud, personal civil de inteligencia, integrantes de la Iglesia Católica, empresarios y apropiadores de menores. Sin embargo, el informe plantea que si bien "se profundizaron las investigaciones" sobre los civiles, "la Justicia actúa con diferentes criterios frente a este tipo de responsabilidad". Para ejemplificar esta conclusión, se indica que de siete sacerdotes implicados en delitos de lesa humanidad, entre los cuales sólo uno está condenado.

Además, el documento resalta que es "escasa" la investigación respecto del personal civil de inteligencia, siendo estos los más cercanos al aparato clandestino de represión. "En 2010 se hicieron públicos listados con miles de nombres, pero en cuatro años no fue analizado aún en detalle. En la actualidad, son 70 los investigados por la Justicia", precisa.

En tanto, los números de procesados señalan que "los funcionarios judiciales y los integrantes de empresas o grupos económicos son los dos tipos de civiles sobre los que se avanzó con mayor firmeza en los últimos dos años".

En relación con los funcionarios del Poder Judicial, se detalla que representan el 20 por ciento de los civiles investigados y se cuestiona que la Justicia siga considerando que su participación no fue "orgánica". "Numerosos fallos marcan un fenómeno que contradice ese supuesto accionar aislado, como el rechazo masivo de hábeas corpus, las costas, el archivo o la falta de solicitud de medidas de prueba", aporta el informe reproducido por Página 12.

En ese sentido, el CELS sugiere que "el juicio que se realiza actualmente en Mendoza" podría ser "una oportunidad histórica de sentar precedente respecto de la contribución del Poder Judicial al plan represivo".

Según se indica, fueron relevantes los procesamientos a miembros de empresas que colaboraron, lo que dejó como resultado que en 2013 muchas causas que se encontraban obstaculizadas hayan avanzado, como fue el caso de Ford y el procesamiento de sus directivos, o el caso de Acindar, que comenzó a dar señales de movimiento. Sin embargo, otras causas permanecen estáticas, como Mercedes Benz.

Por ello, sigue el informe, la experiencia de los juicios por las causas Ledesma y La Veloz del Norte, que podrían comenzar este año, serían clave para analizar el rumbo de estos casos. "La investigación penal de la complicidad civil es una oportunidad única para reflexionar sobre el rol de determinadas instituciones, como la Iglesia Católica en el marco de una sociedad democrática, el rol de la Justicia y el lugar que ocupan los grupos económicos en los proyectos de país", concluye el informe.

domingo, 16 de marzo de 2014

"En esta causa se ve cómo se vincula el terrorismo de Estado con el lavado de bienes"

Eduardo Saiegh, ex titular del Banco Latinoamericano (BLA), del que fue desapropiado durante la dictadura, elogió la solicitud de la Unidad de Información Financiera (UIF) para ser considerada parte querellante en la causa por su secuestro, desapoderamiento de activos y el lavado de los mismos.

“La presentación corrobora lo que siempre dije sobre que fueron los jefes civiles los que lucraron con la dictadura y se la puede caracterizar como caso emblemático con la estatización de Austral durante la dictadura”, dijo a Télam.

Saiegh considera que en esta presentación de la UIF “se ve cómo se vincula el Terrorismo Económico de Estado con el lavado de dinero y basta ver cómo en un solo ROS (reporte de operación sospechosa) se habla de casi 500 millones de dólares”.

El ex titular del BLA considera que “están dadas las condiciones para denunciar e investigar judicialmente si la transferencia de Merchant Bankers Asociados (MBA Lazard) es una operación de lavado de bienes apropiados durante la dictadura, además de los reportes de operaciones sospechosas ya denunciados, que son un impedimento”.


“El Estado ha reconocido el carácter de crimen de lesa humanidad de este desapoderamiento, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, que es coquerellante a través de una fundamentación brillante de Eduardo Luis Duhalde, y ahora lo hace la UIF”, indica Saiegh, para quien “el BCRA no puede entonces emplear su autonomía para ponerse por fuera del Estado y su política de derechos humanos, y permitir la transferencia de la financiera del principal acusado (Alejandro) Reynal, que era dueño del 99,9% del paquete accionario”.

sábado, 15 de marzo de 2014

La UIF pidió ser querellante en la causa de Eduardo Saiegh

Por: Franco Lucatini

La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un escrito ante la Justicia para pedir ser querellante en la causa que investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura contra Eduardo Saiegh. En el proceso ya integra la querella el mismo empresario, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El caso Saiegh es uno de los paradigmas de la responsabilidad civil y financiera en el terrorismo de Estado perpetrado por el gobierno militar, pero aún no tiene condenas.



El 31 de octubre de 1980 cuando la División Bancos de la Polícia Federal lo secuestró, Eduardo Saiegh era el vicepresidente y acreedor mayoritario de la entidad financiera que había fundado cinco años antes: el Banco Latinoamericano de Inversión (BLI). Durante una semana lo torturaron en la sede del Banco Nación, donde lo obligaron a confesar delitos que no había cometido para justificar una posterior intervención de su entidad bancaria. Fue el vicepresidente hasta que el presidente y el vice segundo fueron citados y obligados a firmar la liquidación del banco.


Según Saiegh, el ataque y el desapoderamiento del BLI se debieron al interés del vicepresidente del BCRA, Alejandro Reynal, en hacerse de los títulos de Austral Líneas Aéreas, depositados en la banca de Saiegh como garantía por una deuda de la aerolínea con el banco. La empresa tenía un pasivo superior a los 250 millones de dólares, y uno de los accionistas era el primo de Reynal. Con la maniobra, el gobierno de facto buscaba estatizar Austral y trasladar ese pasivo a las espaldas del Estado nacional.

Saiegh denunció el hecho tras la recuperación de la democracia, pero su causa judicial tuvo numerosos obstáculos hasta convertirse en emblema. Recién con la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se reactivó la vía judicial. El expediente tramitó en el juzgado de Daniel Rafecas hasta que fue apartado por la Cámara Federal, y la instrucción dependió del fiscal Carlos Rívolo, también separado por mal desempeño. El mismo banquero pidió el juicio político del fiscal, en abril de 2012, porque Rívolo no impulsó la causa -iniciada en 2009- “injustificada e ilegalmente”.

Ahora la UIF quiere sumarse a la querella. Sbatella, el titular del órgano antilavado, insiste en que no sólo debe atacarse al “delito económico” sino que debe desbaratarse “la economía del delito”, que en los casos de delitos de lesa humanidad, ha permitido subsistir en la ilegalidad a los responsables del terrorismo de Estado. Uno de los argumentos del economista es que al no haberse reparado esa situación económica, los criminales de lesa humanidad prosiguen en el ilícito de generar terror a través de la garantía de la impunidad.

No es la primera vez que la UIF solicita sumarse  la querella en delitos de lesa humanidad. Otros casos significativos en el intento de esclarecer el rol civil y la responsabilidad de los actores financieros y económicos de la dictadura son las causas de Papel Prensa y la de los hermanos Iaccarino, muy similares en los hechos a la de Eduardo Saiegh. En su caso particular, se suma el componente antisemita de los militares, que lo sometieron a los peores vejámenes con una saña que ellos mismos refirieron como “castigo” por ser judío.

Saiegh promovió su querella denunciando extorsión, torturas y desaparición forzada. A todo eso ahora se suma el impulso de la UIF, que intenta demostrar que en el núcleo dirigido por José Alfredo Martínez de Hoz -acusado directamente por Saiegh- cometió el delito de lavado de activos de orígen ilícito. El desapoderamiento de las empresas y del capital privado no sólo era una motivación más al momento de cometer un delito: también era un fin en sí mismo que permitía poner coto al desarrollo de las alternativas económicas que no eran neoliberales. Una vez que encontraron una mecánica para lavar ese dinero, los genocidas se nutrieron de esos fondos para evadir a la justicia y continuar en la ilegalidad sin sufrir grandes dificultades.

La estatizacion de Austral y las FFAA subordinadas al poder económico



EL PAIS › LOS ARCHIVOS ENCONTRADOS DE LA DICTADURA PERMITEN ENTENDER LA NACIONALIZACION DE AUSTRAL
Una operación para salvar a los privados
La estatización decidida por Martínez de Hoz fue para rescatar a los dueños de La Anónima: Federico Braun y Pablo Braun; Eduardo Braun Cantilo, y William Reynal, primo del vicepresidente del Banco Central durante la dictadura.



  Por Sebastián Premici
El próximo 20 de marzo, el Ministerio de Defensa a cargo de Agustín Rossi publicará los archivos encontrados en el Edificio Cóndor, perteneciente a la Fuerza Aérea. Aproximadamente, el diez por ciento de toda la documentación hallada tiene que ver con el caso de la empresa Austral, “nacionalizada” por la dictadura cívico-militar en septiembre de 1980. La historia de Austral da cuenta de cómo el poder económico de entonces, encabezado por Alfredo Martínez de Hoz en el Ministerio de Hacienda, compró las acciones de una compañía quebrada con el solo objetivo de evitarle a sus accionistas privados el pago de la deuda que mantenían con el Estado. Los empresarios rescatados por Martínez de Hoz eran los dueños de La Anónima: Federico Braun y Pablo Braun; Eduardo Braun Cantilo y William Reynal, primo del vicepresidente del Banco Central durante la dictadura cívico-militar (1979-81). Con esta operación no sólo evitaron pagar su deuda con el Estado, sino que recibieron una compensación por la “nacionalización” de la compañía. Martínez de Hoz intentó venderle la empresa a Franco Macri, del Grupo Socma, y a Carlos P. Blaquier (Ledesma).

Esta historia fue reconstruida a partir de los archivos encontrados en el Edificio Cóndor, analizados por el equipo de derechos humanos de la Comisión Nacional de Valores, integrado por Celeste Perosino, Bruno Napoli y Walter Bosisio. Para los investigadores que tuvieron un primer acceso a estos archivos, el caso Austral ejemplifica cómo las Fuerzas Armadas estaban subordinadas al poder económico y a las decisiones que se tomaban desde el Ministerio de Economía, comandado por Martínez de Hoz y Guillermo Klein, dos representantes del establishment, uno por la Sociedad Rural y el otro por la Bolsa de Comercio.

La Fuerza Aérea no quería nacionalizar Austral. En cambio, el equipo económico de entonces estaba dispuesto a llevar adelante su concepto de “subsidiariedad del Estado”, es decir, garantizarle a las empresas privadas y a los empresarios su subsistencia. Para comprender esta puja dentro de la propia dictadura cívico-militar basta con algunos ejemplos. Dentro de la documentación analizada por el equipo de la CNV, surgen varias actas con declaraciones del comodoro (R) Larghi. “Se tomaron medidas políticas que, como ya lo expresara, no debieran dejar entrever que sólo apuntaron a proteger el pretendido buen nombre de William Reynal, quien a través de la vía mas cómoda y barata para él, se había desprendido, sin ninguna responsabilidad, de sus obligaciones naturales de empresario”, escribió Larghi el 6 de noviembre de 1980. En otro pasaje, sostuvo: “Me violenta tener que repetir que no hay que comprar Austral”.

William Reynal es el primo de Alejandro Reynal, ex vicepresidente del Banco Central y hoy dueño del MBA Lazard (Merchant Bankers Asociados). El tenía más del 70 por ciento de las acciones de Austral. La aerolínea aparece casi en quiebra desde 1979, a pesar de los continuos préstamos que recibía del Banade. “Hay un empecinamiento de Martínez de Hoz y su equipo para salvar a sus amigos, lo ves en la tensión con la Fuerza Aérea, que quiere declarar la quiebra, pero ellos siguen poniendo plata que nunca apareció”, sostuvo a Página/12 Walter Bosisio.

El principal acreedor de Austral era el Estado y el único privado era el Banco Latinoamericano (BLA), cuyo titular era Eduardo Saiegh. El BLA tenía acciones de la aerolínea en caución, por siete millones de dólares. Saiegh fue secuestrado el 31 de octubre de 1980 y torturado durante una semana en la dependencia de la Policía Federal del Banco Nación. Saiegh acusó a Reynal (Alejandro) de ser el instigador de su secuestro, con el objetivo de quedarse con las acciones de Austral. Una vez liberado, fue obligado a liquidar su banco.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en nuestra condición de accionistas de Austral a fin de precisar el ofrecimiento que efectuáramos por nota el 10 de septiembre de 1980”, puede leerse en una carta enviada por los dueños de Austral a Martínez de Hoz. Esa oferta consistía en la “transferencia de las acciones y la totalidad de los derechos patrimoniales y políticos correspondientes”. Varios meses antes de aceptar esa oferta, el equipo económico de la dictadura cívico-militar se sentó a negociar con Franco Macri y Carlos P. Blaquier.

Entre los documentos del Edificio Cóndor existe una carpeta que da cuenta de una oferta hacia Macri y al grupo Socma, con la posibilidad de quedarse con el 60 por ciento de la empresa, mientras que el restante 40 por ciento seguiría en manos de Reynal. Luego de un intercambio de ofertas, la Fuerza Aérea consideró que la propuesta de Franco Macri no era suficiente. “Siendo que Franco Macri tiene posible acceso a la presidencia de Austral se solicita se investiguen antecedentes personales y comerciales”, escribió en un documento el brigadier Francisco Salinas, fechado en mayo de 1980.

Tras el fracaso de esas negociaciones, el 23 de octubre de 1980, hubo un almuerzo entre la cúpula cívico-militar con Carlos P. Blaquier y el doctor Marangoni, del Grupo Ledesma. Esa oferta tampoco prosperó. “Fue un negocio que ni siquiera los militares pudieron parar, a pesar del rechazo de la Fuerza Aérea. El Estado compró las acciones de Austral y todos recibieron un pago por esta estatización. No fue un simple traspaso de las acciones, sino que se pagó por esa empresa, beneficiando a los mismos que la habían quebrado. Fue un negocio redondo”, concluyó Bruno Napoli.

spremici@pagina12.com.ar

jueves, 13 de marzo de 2014

Con 350 legajos de civiles, presentan nuevos archivos recuperados de la dictadura.



Se trata de más de 7 mil legajos del Penal de Magdalena, según informó en Radio América el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en conferencia de prensa. "Milani nos informó de la 
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó esta tarde un emotivo acto en el que se presentó documentación relevante referida a la última dictadura militar. Se trata de 7.000 legajos hallados a mediados de enero dentro del penal de encauzados de Campo de Mayo. Los mismos documentan el paso de militares y civiles durante su estadía en el ex Instituto Penal de la Fuerzas Armadas de Magdalena, entre los cuales figuran el de Jorge Alberto Taiana (padre); Jacobo Timerman (padre); y los -en ese momento- guardiamarinas Julio César Urien y Mario Guillermo Enrique Galli (aún desaparecido).

"Más de 300 legajos de los 7000 encontrados dentro del penal de encausados de Plaza de Mayo, corresponden a civiles", señaló Rossi y explicó que "la preservación y difusión de dichos documentos tiene que ver con el compromiso que tenemos en la lucha por los Derechos Humanos”. Y agregó: “Hoy queremos reconocer a cuatro argentinos que pasaron por esa cárcel, que desde diferentes lugares e historias hicieron mucho para construir la Argentina de la igualdad, la tolerancia y el respeto por los DDHH".

Además, el titular de la cartera de Defensa anunció que se comenzará trabajar para que los 7.000 legajos sean digitalizados “para que todo aquel que quiera acceder a ellos, lo pueda hacer sin inconvenientes".

Y Agregó: “Valoramos el compromiso de los jefes de cada una de las fuerzas porque gracias a su acompañamiento es que hemos llegamos a esta documentación. En octubre pasado, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier general Mario Callejo, nos aportó archivos encontrados en el Edificio Cóndor y esta vez fue el teniente general César Milani el que nos proporcionó esta valiosísima información. Estas acciones nos permite mantener vivas las esperanzas”.

En su alocución, en el Hall de entrada del Edificio Libertador, Rossi mencionó la Resolución Ministerial 445/13 que instruye a los jefes de los Estados Mayores las Fuerzas Armadas a “relevar exhaustivamente en todas las dependencias correspondientes a sus organismos, sitios en los que pudiere haber documentación histórica o información de interés judicial, incluyendo especialmente aquellos no destinados a su archivo, custodia o almacenamiento”.

Entre los legajos hallados, también se encontraron los de los guardiamarinas Julio César Urien y el de Mario Guillermo Enrique Galli (aún desaparecido), quienes se sublevaron en 1972 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en respaldo al retorno de Perón.

Luego de las palabras del ministro, el legislador porteño Jorge Taiana, afirmó que este "es un paso más en el camino de la verdad, justicia y reparación en el que durante estos últimos diez años los tres Poderes del Estado han coincidido”. Y agregó: “Reitero ese compromiso inclaudicable”.

Por su parte, el canciller Timerman subrayó: “Es un momento muy emotivo por el hecho que haya sido encontrado y entregado por las propias FFAA, lo que marca una ruptura con el pasado y le agradezco a los jefes de las fuerzas ese gesto". Y añadió: "Renuevo la esperanza para que se encuentren la identidad de esos chicos que aún no conocen su verdadera identidad y para que los hijos de las madres de Plaza de Mayo puedan ser encontrados, instando a las FFAA comprometerse con esas búsquedas”.



"Cuando encontramos este hallazgo documental importantísimo, firmé una resolución donde les instruí a los jefes de cada una de las Fuerzas que hagan un relevamiento exhaustivo de lo que podía existir en materia documental en el marco de las instituciones que pertenecen a las Fuerzas. En este marco, Milani nos informó de la existencia de estos archivos del Penal de Magdalena, que son más de 7 mil legajos", indicó Rossi , previo a la conferencia, en diálogo con el programa Página Abierta, de Radio América, y agregó: "La mayoría de ellos son militares, pero hay 350 civiles".

Los documentos serán entregados al canciller Héctor Timerman y al legislador Jorge Taiana, ya que entre los mismos hay información sobre sus padres (el periodista Jacobo Timerman y el médico personal de Juan y Eva Perón, de igual nombre que su hijo). También se entregará un legajo a la familia de Mario Enrique Gali, un guardia de la Marina que se levantó contra su arma, previo al regreso de Perón, se convirtió en un militante político y fue secuestrado por la dictadura.

En cuanto a los archivos, el ministro precisó que se trata de información sobre "la vida dentro de la cárcel". "Régimen de visitas, quienes estaban autorizados, atenciones médicas, alguna correspondencia epistolar, quien era el titular de la cárcel. No hay información de inteligencia", señaló, aunque aclaró: "No me atrevería a decir que estos documentos tienen valor jurídico, más bien tiene un peso histórico y patrimonial".

"Tenemos Fuerzas Armadas que están pensando en el desarrollo armónico del país y este compromiso queda evidenciado a través de estos hallazgos documentales", destacó Rossi, y agregó: "No podríamos haber llegado a esto si no fuera por la decisión de cada uno de los jefes de las fuerzas de acompañar esta política que impulsamos desde el Ministerio".

"Tenemos Fuerzas Armadas que están pensando en el desarrollo armónico del país y este compromiso queda evidenciado a través de estos hallazgos documentales", dijo Rossi.
El penal de Magdalena, sede del Instituto Penal de las Fuerzas Armadas hasta 1953, fue el destino de distintos dirigentes políticos luego del golpe de Estado de 1976.

A partir de 1997, dicho penal dejó de ser un centro de detención para oficiales de las FF.AA. y se convirtió en una cárcel para presos comunes, alojando en sus celdas a ex presidentes constitucionales y de facto, jefes militares, gremialistas y otros dirigentes significativos de la política nacional,.

Fuente: TELAM

miércoles, 12 de marzo de 2014

Fresneda: "La democracia debe investigar las complicidades civiles que tuvo la dictadura"






“Una de las mayores dificultades que tuvo la democracia en 1983 fue que heredó la Justicia de la dictadura, que no se renovó automáticamente. Hoy es el Estado de Derecho el encargado de buscar justicia en un país que se convirtió en víctima del Terrorismo de Estado”, apuntó Fresneda.

Y agregó: “la búsqueda de verdad y justicia es una tarea llevada a cabo por toda la sociedad, pero debemos reconocer que los organismos de Derechos Humanos cumplieron una tarea fundamental en este aspecto”.

La actividad se realizó en el Salón Emilio Fermín Mignone de la Secretaría de Derechos Humanos y contó con las exposiciones, además de Fresneda, de Willem De Haan, profesor emérito de la VU University de Amnsterdam; y Diego Morales, director del área de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Con respecto al papel que tuvieron los civiles durante la última dictadura, el funcionario recordó que sectores empresariales y económicos “fueron decisivos para construir la maquinaria del terror”, y recordó el caso de la apropiación de la firma Papel Prensa.

“Las Fuerzas Armadas necesitaron de la complicidad de la Justicia y de los medios de comunicación concentrados, como Clarín, La Razón y La Nación, para llevar adelante el régimen del terror. El caso de la apropiación de Papel Prensa es un ejemplo de todo esto. Además hubo empresas que prestaron sus instalaciones para la represión, como hizo Ledesma en Jujuy, durante la Noche del Apagón”, reseñó Fresneda.

Por su parte, Morales explicó que en Argentina "se investiga la participación de empresarios en complicidad con el Terrorismo de Estado, por la aplicación de métodos de persecución a trabajadores”.

“En los diarios del Juicio a las Juntas hay intervenciones de dirigentes sindicales en donde mencionan persecuciones o amenazas en sus lugares de trabajo a los integrantes de las comisiones internas”, apuntó. 

El profesor emérito de la VU University de Amsterdam, De Haan, remarcó la importancia de los avances que Argentina logró con respecto al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.

"Si multinacionales como Ford y Mercedes Benz tuvieron un rol activo durante la dictadura argentina, es probable que otras multinacionales holandesas como AKZO, Philips, Shell, Unilever, también hayan estado involucradas en estos crímenes”, admitió el catedrático de los Países Bajos.

sábado, 8 de marzo de 2014

La UIF será querellante en una causa por robo de bienes en la ESMA

La Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como querellante en la causa que investiga al prófugo Jorge Raúl Vildoza por robo de bienes en la última dictadura en el marco de la megacausa ESMA. 
El pedido de la UIF para intervenir en el caso contra Vildoza fue admitido días atrás por el juez federal Sergio Torres, quien instruye las causas por delitos de lesa humanidad en la Escuela de Mecánica de la Armada, y se sumará a la querella que ya impulsa en otra causa por robo de bienes en ese centro clandestino, que involucra a otros miembros del GT: Jorge Carlos Radice, Jorge "El Tigre" Acosta y Miguel Ángel Cavallo. 
Al solicitar ser querellante, la UIF pidió también una serie de medidas para evitar que su círculo íntimo se desprenda de los bienes, entre ellas el embargo, inhibición, congelamiento de cuentas y el posterior decomiso de los activos, medidas que el juez Torres deberá confirmar.
Vildoza fue la segunda autoridad de la ESMA y cumplió además funciones como jefe del Estado Mayor del Grupo de Tareas. Se encuentra prófugo desde 1983 por la apropiación de Javier Gonzalo Penino Viñas, quien nació durante el cautiverio de su madre, Cecilia Viñas, en ese centro clandestino de la Armada.  
En la causa "se busca determinar la ruta del dinero obtenido ilícitamente por Jorge Raúl Vildoza en su carácter de jefe así como por parte de otros miembros del grupo, a los que luego se les habría dado apariencia de legitimidad", señaló la UIF en un comunicado. 
La Unidad pudo determinar que el Grupo de Tareas de la ESMA a cargo de Jorge Raúl Vildoza "se dedicaba al secuestro y tortura de personas consideradas subversivas, a quienes sistemáticamente despojaban ilícitamente de sus bienes", explicaron. También se crearon empresas pantalla e inmobiliarias, y los fondos obtenidos se depositaron en cuentas en el exterior.
"Una de las sociedades creadas y utilizadas para materializar el lavado de activos sería una empresa de juegos de azar. Esa sociedad fue señalada además como ex propietaria de los casinos Oshowia y Casablanca que funcionaban en Tierra del Fuego, los cuales habrían sido originariamente constituidos con bienes ilegítimamente apropiados en el ámbito de la ESMA", señalaron desde la UIF.
Además, los investigadores advirtieron la relación de los casinos con otras empresas cuyo objetivo sería "disimular el origen ilícito de los bienes utilizados en un principio para constituir a las mismas y, luego de su transformación en entes comerciales, para sacar provecho económico de ellas".
Desde la Unidad, destacaron el carácter imprescriptible de los delitos que se investigan en la causa y explicaron que esto no sólo se debe a que se trató del robo de bienes en el ámbito de la ESMA sino también por las ganancias obtenidas en las sociedades, casinos y maniobras de lavado de activos con el fin de blaquear los bienes robados a detenidos-desaparecidos. «

Fuente: TELAM

domingo, 23 de febrero de 2014

En marzo se podrá ver como el poder militar estaba subordinado al poder económico.

A partir de marzo, cuando se cumplan 38 años del último golpe de Estado, la documentación secreta de las juntas militares encontrada por el Gobierno en el subsuelo del Edificio Cóndor será exhibida para que "la sociedad constate cómo el poder militar estaba subordinado al poder económico".




La directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Stella Segado, confirmó la información a Télam y subrayó que "el material revela la subordinación militar a las corporaciones y un ejemplo de ello es que en los primeros seis meses de gobierno de facto, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz no hace más que dar exenciones al agro. Desde el `76, se les decía "bueno, sin retenciones" y cuando les dijeron `bueno, ya está, fueron 20 años de privilegio, surgió el conflicto con el agro`".
Los originales de las actas de las juntas militares que usurparon el poder entre 1976 y 1983 halladas entre polvo y humedad en el subsuelo del edificio Cóndor en noviembre pasado, clasificadas y digitalizadas, estarán a disposición del público desde marzo próximo, en la Sala de Consultas de la Biblioteca Aeronáutica, ubicada en Esmeralda y Paraguay.
"Queda claro el funcionamiento de las corporaciones y si no empezamos a entender lo que nos pasó desde una mirada de conjunto, seguirá en la sociedad metida la `teoría de los dos demonios` y no vamos a comprender su magnitud, cómo nos sigue pegando y la huella que aún nos deja", sostuvo la funcionaria.
Además subrayó que los documentos "están ligados en un 90 por ciento a cuestiones económicas, como proyectos sobre privatizaciones, excenciones para el agro, medidas para permitir inversiones extranjeras y discusiones en el seno de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) sobre leyes laborales.
"La ley de Entidades Financieras de esa época y que aún está vigente permitió que todas las casas de cambio pasaran a ser bancos, y de golpe tuvimos 80 bancos. La pelea sigue estando presente hoy y con las mismas dificultades, por eso es muy importante analizar esta documentación para comprender históricamente el proceso y las responsabilidades civiles", agregó.
Por su validez probatoria, el material está a disposición de la justicia, en tanto las actas referidas a Papel Prensa ya fueron remitidas de oficio al juzgado de Julián Ercolini, a cargo de la causa que investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad en la venta de Papel Prensa a los diarios Clarin, La Nación y La Razón.

A propósito del caso, un nuevo material fue hallado hace pocos días conteniendo una carpeta con informes del interventor de Papel Prensa nombrado por la junta, capitán Alberto D`Agostini, que a pedido del ex fiscal Ricardo Molinas -en 1984-, daba detalles sobre las negociaciones por la venta de la empresa.

También fue remitida importante documentación en la que figura Martínez de Hoz a juzgados donde se investigan posibles delitos económicos, y al juez Daniel Rafecas, quien investiga causas por delitos de lesa humanidad.

El material clasificado por los equipos de investigación y archivística de las tres fuerzas, con la colaboración de la Comisión Nacional de Valores y el Archivo General de la Nación, se exhibirá a través de dos puestos virtuales de consulta, donde aparecerán todos los temas a los que se llegará por palabras clave, y podrá ser consultado por particulares y escuelas.


Fuente: Página 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-240394-2014-02-22.html

miércoles, 19 de febrero de 2014

Cinco ex-jueces en el banquillo por complicidad con crímenes durante la dictadura.

Cinco exjueces, entre ellos Otilio Romano, extraditado de Chile en septiembre pasado, se sentaron en el banquillo de acusados este lunes en la ciudad de Mendoza(oeste), acusados de amparar delitos de lesa humanidad durante la última dictadura argentina (1976-83).



Hasta el momento, sólo un exjuez fue condenado a 21 años de prisión, entre los 515 sentenciados en las decenas de procesos que se sustancian en todo el país tras la anulación de las leyes de amnistía en 2003.
Los cinco exintegrantes del Poder Judicial de Mendoza (1.000 km al oeste de Buenos Aires) están imputados por haber “en forma sistemática” omitido de denunciar o investigar desapariciones, secuestros, torturas, violaciones de domicilio, robo de bienes de desaparecidos y homicidios, pese a la denuncia de familiares de las víctimas.

La pata civil

“Se empieza a enjuiciar a la pata civil de la última dictadura. Es imposible pensar en el terrorismo de Estado sin el papel que tuvo la Justicia. La hipótesis de la acusación es la complicidad del aparato judicial con el terrorismo de Estado y lo vamos a tratar de demostrar durante el juicio”, dijo a la prensa local el fiscal Dante Vega, a cargo de la acusación.
Romano, que fue fiscal y juez subrogante durante el régimen, estuvo dos años prófugo en Chile de donde fue extraditado en septiembre de 2013.
Según la acusación, Romano y el exjuez Luis Miret llegaron a integrar en democracia la cámara mendocina de apelación y desde allí además frenaron las causas por delitos de lesa humanidad.
En el mismo juicio que investiga el destino de 207 asesinatos y desaparicidones en Mendoza, están acusados además 25 policías y 11 militares.
Unos 660 testigos darán su testimonio a lo largo del juicio, informó el Centro de Información Judicial (CIJ), sitio de la Corte Suprema.
Unas 30.000 personas desaparecieron durante la última dictadura argentina, según los organismos defensores de derechos humanos. 
Fuente: AFP

lunes, 10 de febrero de 2014

Apoyo de Carta Abierta a Sbatella


08.02.2014 | Los integrantes de Carta Abierta reconocieron que la situación que atraviesa el país es "grave" y que "no es un simple episodio más de la historia económica nacional".

Integrantes de la agrupación kirchnerista Carta Abierta expresaron hoy su respaldo a la ratificación gubernamental de José Sbatella como presidente de Unidad de Información Financiera (UIF) y criticaron a empresarios y productores por "forzar e imponer" una "depreciación del peso no querida por el gobierno".

Las definiciones surgieron en la apertura de la reunión que Carta Abierta realizaba desde las 11 en el salón Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, donde unos treinta expositores comenzaron a dar sus opiniones en torno a un borrador elaborado por la Coordinadora para emitir luego un documento conjunto.

Asimismo, durante la lectura del texto sometido a análisis señalaron que "resulta indispensable sustraer la disposición" sobre las divisas extranjeras "del chantaje monopólico y garantizar su control gubernamental".

En ese marco, cuestionaron que un "puñado de grandes empresas" hayan "organizado un cepo financiero sobre el gobierno, obligándolo a tomar medidas difíciles y comprometedoras del futuro del país como la devaluación".

Asimismo, reconocieron que la situación que atraviesa el país es "grave" y que "no es un simple episodio más de la historia económica nacional".

Los pensadores kirchneristas también advirtieron que grandes organizaciones agropecuarias "han conseguido forzar e imponer una fuerte depreciación del peso no querida por el gobierno inconveniente para las mayorías populares" y aseguraron que "tienen la estrategia de profundizarla a niveles sustancialmente mayores".

Diario @JCiviles