jueves, 14 de noviembre de 2013

La UIF avanzará con la incautación de bienes de Papel Prensa

El Gobierno nacional anunció que la próxima semana avanzará con un pedido ante la Justicia federal para "incautar" bienes de Papel Prensa S.A., que fueron presuntamente apropiados durante la última dictadura militar.

 

 

La incautación en marcha, que ya se estima traerá repercusiones políticas, la solicitará el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, encargado de la lucha contra el lavado de dinero en el país. En diálogo con Radio América, Sbatella recordó que para la legislación argentina los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y que por lo tanto, las apropiaciones realizadas durante la comisión de esas acciones aberrantes son delitos continuos. "La continuidad del delito se mantiene porque son imprescriptibles y no hubo oportunidad de sanción (judicial). Van camino a dañar el bien protegido por el Código Penal, en el capítulo del orden económico financiero", explicó el funcionario.

El caso Papel Prensa es paradigmático. En el despacho del juez Julián Ercolini del cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py se acumulan testimonios y documentos históricos que probarían que la papelera de San Pedro fue apropiada bajo amenazas por parte de los dueños de los tres diarios involucrados (Clarín, La Nación y La Razón) y la Junta militar. La causa se originó por una doble denuncia: la de Poder Ejecutivo, a través del minucioso informe oficial realizado por los representantes del Estado en la compañía bautizado "Papel Prensa: La Verdad", y la de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, el dueño de la empresa antes de la supuesta venta forzada. Las declaraciones de Papaleo y otros damnificados, como los viejos accionistas Juan Graiver y Rafeal Ianover, revelan que fue una apropiación ilegal, lograda con amenazas, secuestros y torturas.

Esta semana, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se reunió con la viuda de Graiver para analizar los documentos hallados recientemente ligados a la última dictadura cívico-militar, en los que hay constancia de la relación entre la entrega de Papel Prensa y los secuestros y detenciones de los Graiver. "Está claramente demostrado que la venta de Papel Prensa y la detención de los familiares de Graiver era para la Junta Militar una única unidad temática", aseguró Rossi.

El exdiputado señaló que en la documentación descubierta en el subsuelo del edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea, se encontraron 13 actas originales, de las cuales en 12 se realiza un seguimiento del tema entre el 15 de septiembre de 1976 y el primero de diciembre de 1977. El punto 5 del acta 19 de fecha 6 de abril de 1977 es el "arresto de familiares e implicados en el caso Graiver". Al término de la reunión, Papaleo manifestó que este material es muy importante y agradeció que ya esté en manos del juez Ercolini.

En este marco, Sbatella confirmó que el Gobierno nacional intentará reparar el daño provocado a la familia Graiver con la restitución de los bienes. "Desde la UIF estaremos planteando en el transcurso de la semana próxima, la posibilidad que se acuse de lavado al dinero proveniente ilícito de apropiación de bienes de detenidos desaparecidos. Una de las situaciones es la de Papel Prensa, pero hay otras", detalló el jefe de la unidad antilavado.

Otros casos de empresarios que fueron expropiados sus bienes durante la dictadura son el de Eduardo Saiegh y el de los hermanos Iaccarino. "Todos esos casos, además de la imprescriptibilidad por delitos de lesa humanidad, entraría también la recuperación de los bienes porque fueron apropiados", agregó Sbatella.

Saiegh es un arquitecto que fue desapoderado del Banco Latinoamericano de Inversión en 1980. Según contó el banquero argentino, el 31 de octubre de ese año fue detenido sin orden judicial por la División Bancos de la Policía Federal y permaneció desaparecido siete días. En esa semana, fue torturado y obligado a confesar delitos inexistentes que le permitieran al Banco Central en manos de los militares liquidar al BLA, del cual era vicepresidente.

Los hermanos Rodolfo, Alejandro y Eduardo Iaccarino fueron secuestrados en noviembre de 1976 por grupos de tareas en Santiago del Estero y trasladados luego a distintos centros clandestinos que integraban el Circuito Camps. Durante su cautiverio en la Brigada de Lanús, los hermanos fueron obligados a firmar un poder para que su padre venda las empresas y un avión que tenía la familia a cambio de 28 hectáreas de una cancha de golf de un hotel en Córdoba que nunca les entregaron.

Una dificultad se presentará en el futuro, tras el pedido de la UIF. Qué hacer con los bienes. "Se pide la incautación para en un etapa posterior devolverlo", anticipó Sbatella, quien también se quejó en el diálogo radial de la falta de un registro nacional centralizado de bienes incautados por la Justicia, lo que facilitaría la ejecución o restitución. "Hubo una intención del Ministerio de Justicia de empezare a hacer un registro de los bienes decomisados por orden judicial, para luego liquidarlos. Todo centralizado. Pero eso está en la Corte. Hoy no tenemos estadísticas de los bienes decomisados", señaló el economista y extitular de la Comisión de Defensa de la Competencia.

Según el artículo 231 del Código Penal, un juez puede resolver "la incautación del producto del delito y de los instrumentos utilizados para su comisión, hasta tanto se dicte sentencia definitiva". Pero una vez que haya sentencia, el mismo ordenamiento penal estipula en el artículo 23 que puede volver a sus dueños legítimos. "En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado Nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros".

Fuente: Ambito Financiero



Sbatella podría acusar por lavado de dinero a los accionistas de Papel Prensa

El titular de la UIF, José Sbatella, anticipó que "la semana próxima" podría acusar a los principales accionistas de Papel Prensa de "lavado de dinero" proveniente de la apropiación de bienes de desaparecidos y aludió a la posible "recuperación" de esa y otras empresas.

 

 "Estamos planteando ahora, en el transcurso de la semana próxima, la posibilidad de que se acuse de lavado de dinero proveniente de los ilícitos de la apropiación de bienes de los desaparecidos" en al menos tres casos, incluido Papel Prensa, declaró el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) a radio América.

Preguntado sobre si la UIF requerirá la incautación de Papel Prensa, Sbatella recordó "que son imprescriptibles los delitos de lesa humanidad" y que, en casos como el señalado, esos "delitos continuos van camino a dañar el bien protegido en el Código Penal, que es el orden económico y financiero".

"Una de las situaciones es la de Papel Prensa, pero hay otros empresarios importantes expropiados", dijo el titular de la UIF y citó a Eduardo Saiegh y a los hermanos Iaccarino, secuestrados y despojados de sus bienes durante la última dictadura.

En ese mismo período, las acciones de Papel Prensa fueron traspasadas a los diarios Clarín, La Nación y La Razón por la familia Graiver, cuyos integrantes fueron secuestrados y torturados para forzar la venta.

En el programa radial que conduce Dady Brieva, Sbatella también contestó preguntas sobre otras acciones de la UIF, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero.


Fuente: Telam


 

Austral en los Archivos y los Negocios de Reynal en la Dictadura

La intención de Alejandro Reynal de vender sus acciones en MBA Lazard fue objetada por Eduardo Saiegh, secuestrado durante la dictadura. Recordó la vigencia de una causa en la que se investiga la participación de Reynal en el secuestro con fines extorsivos.


 Por Sebastián Premici


El ex vicepresidente del Banco Central Alejandro Reynal (1979-1981) es investigado por su actuación en la liquidación del Banco Latinoamericano (BLA), propiedad de Eduardo Saiegh, quien fuera secuestrado y torturado previo a la desapoderación de la entidad financiera. Reynal es actualmente el accionista mayoritario del MBA Lazard (Merchant Bankers Asociados), sociedad a la que ingresó en marzo de 1981, cuando todavía era funcionario del Central. El ex funcionario pretende vender su participación en el MBA, pero el BCRA todavía no lo autorizó. La gerencia de Asuntos Jurídicos en lo Penal y Asuntos Legales le mandaron una nota al fiscal de la causa, Eduardo Taiano, para que tome las acciones “pertinentes” teniendo en cuenta la vigencia de una causa por delitos de lesa humanidad.

Desde que el fiscal Eduardo Taiano tomó la causa, se produjeron varias declaraciones testimoniales que apuntan a la participación de Reynal en el secuestro de Saiegh. Tal es el caso de Carlos Alberto Buscarini, quien se de-sempeñaba como veedor de la autoridad monetaria.
El MBA fue un actor clave en el proceso de privatización de los bancos locales, en consonancia con la aplicación de la Ley de Entidades Financieras y los preceptos del neoliberalismo introducidos por la última dictadura cívico-militar. Reynal, en su rol de empresario en el MBA, contribuyó para que los bancos locales fueran vendidos a capitales extranjeros, como en los casos del Río y el Francés. Además, fue socio de Nicholas Brady, ex secretario del Tesoro norteamericano y artífice del plan homónimo implementado por Domingo Cavallo, durante la primera parte del menemismo.
“Se debe investigar si durante más de 30 años los fondos mal habidos de la dictadura fueron ocultados prolija y silenciosamente por los propietarios del MBA, lucrando además con todos los gobiernos posteriores a la terminación de la última dictadura militar, hasta que (Néstor) Kirchner los sacó del medio”, enfatizó Saiegh.

Saiegh fue secuestrado a fines de octubre de 1980. El 5 de noviembre, cuando todavía estaba en cautiverio, Reynal mantuvo una reunión con otros dos directores del BLA, Bernardo Grinspun y Jorge Alberto Shaw (integrante de las Fuerzas Armadas). Según consta en un dictamen del fiscal Taiano, en esa ocasión el ex funcionario les “recomendó” sacar del directorio a Saiegh, como condición para recibir los beneficios de la circular 1051.

“A través de esta circular, el Central inyectaba recursos en las entidades financieras intervenidas, siempre en una mayor cantidad a lo supuestamente necesario. Luego, esos recursos eran sacados en efectivo bajo la supervisión de efectivos de las Fuerzas Armadas o la Policía Federal. Pude llegar a esta conclusión porque los tesoros de los bancos intervenidos eran vaciados al poco tiempo de que asumieran los interventores”, explicó a Página/12 Saiegh, quien agregó: “Una vez que Reynal liquidó mi banco, se hizo cargo del MBA”.

La Comisión Nacional de Valores elaboró un reciente informe a partir del cual pudo confirmar la existencia de un “aparato represivo” constituido por funcionarios de la CNV que se encargaban de preparar el terreno para liquidar empresas. Este informe señaló, además, que existía cierta connivencia entre dicha entidad y el Banco Central, a través de la figura de Reynal.
En una declaración testimonial del 3 de julio de este año, Carlos Buscarini, ex veedor del Central durante la dictadura, narró que “Reynal había decidido una inspección del BLA fuera de agenda, sin explicitar los motivos de la misma” y que anteriormente “no habían encontrado nada ilegal como para justificar un allanamiento”. Al momento de realizarse dicha inspección, integrantes de la División Bancos de la Policía Federal secuestraron a Saiegh, quien se encontraba en las oficinas de su banco. Desde las oficinas del BLA fue trasladado hacia una dependencia policial que funcionaba en el Banco Nación.

Además de la cuestión financiera, Reynal tenía otro interés por el BLA. En las bóvedas del BLA estaban, bajo caución, las acciones de la empresa Austral, ya que la aerolínea mantenía una deuda impaga con el banco por 7 millones de dólares. Uno de los socios de Austral era William Reynal, hermano del vicepresidente del BCRA. Los otros socios eran Roberto Servente y la familia Braun Menéndez.

La intención de la cúpula militar era hacerse de Austral. En complicidad con José Alfredo Martínez de Hoz, en septiembre de 1980 firmaron un decreto para estatizar Austral. Pero para esa fecha, el BLA tenía en su poder las acciones. Por eso, primero tuvieron que presionar para que el banco se “autoliquidase”.

A partir del descubrimiento de los archivos en el Edificio Cóndor, surgieron varios documentos vinculados con la empresa Austral. Saiegh, a través de sus abogados, ya le solicitó al Ministerio de Defensa que incorpore a la causa 1875/09 –José Alfredo Martínez de Hoz s/ delitos de lesa humanidad, en la que se investiga el rol de Reynal–, toda la documentación encontrada, ya sea sobre el Banco Central u otros actores del sistema financiero, así como también la situación de Austral.
“Mi objetivo no es reclamar nada sobre Austral. Esto ya lo aclaré varias veces. Con esta investigación pretendo que queden expuestos los delitos económicos de la última dictadura cívico-militar, y en particular el accionar de Reynal, que en democracia logró reciclarse como un ‘hombre de negocios’”, concluyó Saiegh.

spremici@pagina12.com.ar

Fuente: Pagina 12

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-233347-2013-11-12.html 


lunes, 4 de noviembre de 2013

ROSSI AVANZA CON NUEVOS DOCUMENTOS




Política • Papel Prensa • Derechos Humanos • Lunes 04 de Noviembre de 2013 | 18:32

Rossi sobre archivos hallados de la dictadura: “Queda claro que los arrestos en el caso Graiver se trataban junto con el tema de Papel Prensa”



El ministro de Defensa reveló archivos de la última dictadura militar. Allí, había "listas negras" de artistas como "Norma Aleandro, Emilio Alfaro, Héctor Alterio, Osvaldo Bayer, Norman Briski y Julio Cortázar". La papelera "era un tema absolutamente importante".





El ministro de Defensa, Agustín Rossi, reveló esta tarde el hallazgo de una gran cantidad de documentación original de las Juntas Militares perteneciente al período comprendido entre 1976 y 1983, correspondientes a la última dictadura militar, de "gran importancia histórica y jurídica".
Entre los documentos hallados, se encuentran algunos que dejan "claramente demostrado que para la Junta Militar el tratamiento de los arrestos de los familiares e implicados en el caso Graiver se analizaban junto con el tema de la venta de Papel Prensa".
A su vez, el Ministro destacó: "En ese momento la Junta Militar analizaba la detención de los implicados en el caso Graiver en conjunto con la venta de Papel Prensa. Era un tema absolutamente importante para la dictadura".
Entre la documentación que sobresale se encuentran también las denominadas "listas negras" de comunicadores, intelectuales y artistas, entre quienes Rossi mencionó a Norma Aleandro, Emilio Alfaro, Héctor Alterio, Osvaldo Bayer, Norman Briski, Julio Cortázar, Roberto Cossa, Rogelio García Lupo, Horacio Guarany, Víctor Heredia, Federico Luppi, Osvaldo Pugliese, Marilina Ross, Mercedes Sosa y María Elena Walsh.
“Queda claro que los arrestos en el caso Graiver se trataba junto con el tema de Papel Prensa”
“Encontramos 1500 biblioratos, dentro de ellos hay muchísima documentación que estaba dentro de dos cajas fuertes, dos armarios y una estantería de dos metros de largo por tres de alto”, explicó Rossi.
“Encontramos seis carpetas originales de las actas de la Junta Militar desde el 24 de marzo del ‘76 hasta el 10 de diciembre del ‘83. Con cronología de cada una de esas actas, los originales, firmados por los secretarios generales de cada una de las Fuerzas. Cada carpeta incluye una planilla de los temas que se trataban, con las posiciones que tenían cada una de las distintas Fuerzas y con un índice temático agrupado alfabéticamente”, detalló el Ministro de Seguridad de la Nación.
Mencionó, asimismo, que entre los tres libros originales que registran “cualquier comunicación que se hiciera a la Junta” se encuentra “asentada la solicitud de Hebe (de Bonafini) pidiendo por el destino de sus hijos desaparecidos”.
Por otro lado, el Ministro se refirió al tratamiento de la Ley de Radiodifusión de la dictadura. En ese sentido, señaló: "En las actas se puede rastrear el tratamiento del tema. Encontró oposiciones en las reuniones de la Junta Militar".
En tanto, en las actas también se hace referencia a los desaparecidos. "Se decide redactar una ley de presunción de fallecimiento. Esa ley nunca se aprobó, pero me parecía importante tenerla y mostrarla", explicó el Ministro.
También se encontró una gran cantidad de “documentación de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que daba sustento ideológico y doctrinario al Proceso de Reorganización Nacional”, reveló.
Esos archivos, explicó Rossi, indican que “el plan tenía dos partes: una etapa fundacional que llegaba hasta cerca de los ‘90 y otra denominada la nueva República que llegaba hasta casi el año 2000”.
El Ministro mostró también una comunicación de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) de aportes al esquema de ese proyecto. "Con lo cual, esto que dice la Presidenta de que el golpe no fue militar sino cívico-militar encuentra en estos documentos pruebas en ese sentido.
Agustín Rossi dio a conocer el hallazgo de 1500 archivos entre los que se encuentran las listas de perseguidos políticos entre 1973 y 1983, que se hallaban en la sede del eficio Condor, sede de la Fuerza Aérea Argentina.
"Lo primero que consideramos relevante es que llegamos hasta esta documentación por una información que nos brinda un integrante de la actual cúpula de las FFAA (el jefe del Estado Mayor, general de la Fuerza Aérea, brigader Mario Callejo), es un elemento sustancial que quiero remarcar profundamente", remarcó.
También, obran en poder de Defensa documentos sobre acuerdos entre las jerarquías de la dictadura y empresarios relacionados a hechos que hoy son objeto de investigación por parte de la justicia, y detalles de un plan económico de gobierno que se proponía extenderse hasta 1999.

Acindar, Martinez de Hoz y el ADN del Genocidio



4 de noviembre de 2013
Otro paso para saber cuales fueron las empresas que pagaron el genocidio. La resolución que ordena investigar a ACINDAR como financió la represión a obreros metalúrgicos en 1975‏.

04.11.2013
Tiempo Argentino accedió a la resolución del juez Oyarbide que ordena investigar cómo Acindar financió la represión a obreros metalúrgicos en 1975




Otro paso para saber cuáles fueron las empresas que pagaron el genocidio
 Frente a los datos que describen secuestros, fusilamientos, desapariciones y unas 300 detenciones ilegales en Villa Constitución, el magistrado abrió una causa particular que apunta a establecer la responsabilidad directa de la empresa.

Por Daniel Enzetti
En una decisión que apunta a establecer la responsabilidad directa de la empresa Acindar en cientos de crímenes, desapariciones y secuestros ocurridos antes y durante la última dictadura cívico-militar, el juez federal Norberto Oyarbide determinó el pasado 23 de octubre que la participación del grupo fue clave en el gigantesco operativo represivo montado el 20 de marzo de 1975 en la localidad santafesina de Villa Constitución contra trabajadores metalúrgicos, hecho recordado popularmente como "El Villazo". Y que por lo tanto, la investigación de aquella avanzada militar en tiempos de Isabel Martínez y José López Rega, con sus consecuencias posteriores al golpe de Estado, merece ser tomada como causa en particular, y vinculada con delitos de lesa humanidad.

El tema venía siendo analizado dentro del expediente 1625/2010 a partir de una querella presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, pero dentro de una causa más general, la 1075, que abarca cientos de delitos cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina. La razón por la cual Villa Constitución fue tomado como un anexo de las acciones de la Triple A, en un principio, era que algunos de los mercenarios reclutados por el ex ministro de Bienestar Social habían secuestrado y reprimido a los obreros en esas preliminares del golpe de Estado. Fue el mismo Oyarbide el que determinó eso. Sin embargo, los avances logrados desde 2010, cuando la Liga inició la querella, convencieron al juez de que El Villazo merece un tratamiento aparte.

Tiempo Argentino accedió a la resolución que fundamenta la medida, y a las cédulas de notificación firmadas por Oyarbide, donde el magistrado pide de manera urgente distintas informaciones a organismos públicos y fuerzas de seguridad. Además, llama a declaración testimonial a varios testigos a partir del 4 de noviembre, y avanza sobre Acindar, exigiendo a la Inspección General de Justicia datos acerca del pasado y presente de la empresa.

Pedro Dinani, abogado de la Liga, dijo a Tiempo que "celebramos el paso dado por Oyarbide desde todo punto de vista, porque se ajusta a lo que siempre afirmamos: que lo ocurrido en Villa Constitución excede la investigación abierta de la Triple A". Y agregó: "Esto recién empieza. Van a ir apareciendo nuevos imputados, gente que hoy está tranquila en su casa y que nunca imaginó que la encontraríamos."

Lo determinado por el magistrado es una muy mala noticia  para el grupo, que esperaba licuar su responsabilidad dentro de una megacausa que podría ser eterna. Pero establece otro aporte clave en la lupa puesta sobre el poder económico como principal sostén del genocidio. ACINDAR, a partir de ahora, se sumará a otros ejemplos de empresas que pagaron para matar, como Mercedes-Benz, Ford o Ledesma.
Ciudad tomada. El 20 de marzo de 1975, un operativo articulado entre las bandas represivas policiales de la Federal y la santafesina, la Guardia Rural "Los Pumas" –fuerza de choque similar a "Los Cardenales" creada por la empresa inglesa La Forestal en los años '20–, Prefectura Naval, la Secretaría de Inteligencia del Estado, Gendarmería, matones del Ministerio de Bienestar Social, militares y pistoleros de la Triple A, invadieron Villa Constitución y detuvieron a 300 trabajadores que venían resistiendo persecuciones y despidos masivos. El gobierno de Isabel ordenó reconvertir el Albergue de Solteros de la planta como cárcel clandestina. Una veintena de militantes continúan desaparecidos.

Carlos Del Frade, uno de los periodistas que investigó el despliegue, sostuvo que los camiones y autos utilizados por las fuerzas de seguridad ocupaban "una columna de un kilómetro y medio" de largo. "Policías provinciales, federales, hombres de la pesada de la derecha sindical peronista y personajes como Aníbal Gordon, entre otros, hicieron del Albergue de Solteros de Acindar el primer Centro Clandestino de Detención del país. Había una razón de peso: el ex comisario de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, confesó que Martínez de Hoz, presidente de Acindar, pagó cien dólares a cada uno de los represores."

La Iglesia también fue invitada a la fiesta. El cura misionado en las localidades de Pavón, Empalme y Theobald, Samuel Martino, festejó la matanza haciendo sonar las campanas de la parroquia San Pablo Apóstol.

El despliegue fue total. Las policías se reservaron la zona de la fábrica y los barrios lindantes. El local de la UOM de la Villa fue clausurado, y la mayor parte de su Comisión Directiva, con Alberto Piccinini a la cabeza, fue detenida. Sólo en la ruta que conecta la Villa con San Nicolás y Rosario, se contabilizaron más de cien vehículos integrantes de los grupos de choque, con un promedio de tres personas en cada uno. Entre otros, del asalto participaron los comisarios Córdoba Caín y Antonio Fischietti; los oficiales Salas, Morales, Muñoz, Mojica y Miranda; los agentes Chamorro y Castillo entre el grupo Los Pumas; y varias bandas policiales encabezadas por Raúl Ranure.

Durante varias semanas de resistencia, las asambleas en la planta llegaron a superar los 3000 trabajadores.

Hasta el 19 de mayo de 1975, cuando después de dos meses de huelga, una brutal represión final logró que la empresa desocupara el predio. Los dieciséis miembros de la Comisión Directiva de la UOM local fueron trasladados al penal de Rawson.
El Huevo de la Serpiente. La querella presentada por la Liga en 2010, contra Alfredo Martínez de Hoz, Isabel Martínez y los integrantes del Directorio de Acindar, incluye párrafos de un dictamen del Dr. Eduardo Taiano, entonces titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 3, donde sostiene que el grupo "una y otra vez reclamaba a las autoridades 'orden' y represión de los conflictos sociales. En el caso que nos ocupa, se patentiza aún más con la información que certifica que el directivo de la empresa Acindar –José Alfredo Martínez de Hoz– se reunió con altos funcionarios del gobierno nacional en los días previos al operativo 'Serpiente Roja del Paraná' que hace objeto de la presente denuncia."

Una vez iniciada la huelga de los trabajadores de la UOM, el Boletín Oficial tardó dos días en dar "su" versión, vía libre para reprimir: "La gravedad de los hechos es de tal naturaleza que permiten calificarla como el comienzo de una vasta operación subversiva terrorista, puesta en marcha por una deleznable minoría nacional."
Oyarbide toma como parte de su investigación un trabajo realizado por el antropólogo Jorge Winter, donde se sostiene que "los vehículos desde los cuales partieron las balas que mataron a un trabajador portuario y a un vendedor de diarios en abril de 1975 habían tenido libre acceso al camino de INDAPE, firma entonces controlada por el Grupo Acindar. Al día siguiente, durante la movilización de los trabajadores de Acindar en contra de esos asesinatos y otras intimidaciones, un helicóptero de la Policía Federal se dedicó a 'marcar' y a hostigar a los manifestantes. Dicho helicóptero había estado estacionado (y desde allí había partido para reprimir a los trabajadores) en el helipuerto de Acindar."

La existencia de un destacamento en el interior de la fábrica fue confirmada por varios testimonios. Uno de ellos es el del ex comisario inspector Carlos Rampoldi: "En el año 1977 ingresé a la jefatura de la Policía de Villa Constitución  en el cargo de comisario inspector a cargo de la División Informaciones. En ese momento, el grupo de Los Pumas ya estaba acantonado en la fábrica Acindar, cumpliendo tareas."

La red para desaparecer, secuestrar y asesinar a los trabajadores se extendió a otras firmas del grupo, como Metcon, Vilber y Marathon. El trabajo sucio lo encabezó Fischietti, conocido como "Don Chicho", entonces delegado policial en Tucumán y jefe del Área IV de Seguridad Federal en el noroeste.

Según Peregrino Fernández, cuyo testimonio completo intenta conseguir hoy el juez Oyarbide (ver recuadro), "las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del Directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero. Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar, con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa… Acindar pagaba a todo el personal policial (jefes, suboficiales y tropa) un plus extra de dinero, suplementario al propio plus que percibían oficialmente los efectivos, tarea que estaba a cargo del jefe de personal de dicha empresa, de apellido Asnares, así como del jefe de Relaciones Laborales, Pellegrini."
Los fusilamientos. Uno de los puntos clave por los que Oyarbide decidió que la investigación de Villa Constitución fuera analizada en particular responde al período que abarca la causa Triple A. Mientras el expediente 1075/06 comprende delitos de lesa humanidad registrados entre el 21 de noviembre de 1973 –atentado al ex senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, carta de presentación oficial de las AAA–, y el 11 de julio de 1975 –cuando López Rega se las ingenió para escapar a España–, Serpiente Roja del Paraná no se quedó en aquellos dos meses de ocupación fabril.

Sus brazos se extendieron más allá del golpe de Estado de 1976, con más persecuciones, secuestros, asesinatos y desapariciones.

El 10 de abril de 1975, Miguel Ángel Lobotti fue fusilado en una cancha de fútbol de Villa Gobernador Gálvez. Trabajaba como operario de la empresa. En mayo de ese año estalló una bomba en el edificio de Ferrocarriles. El mismo día, un grupo interceptó el auto donde viajaba el delegado gremial de Metcon e integrante de la Lista Marrón, Rodolfo Mancini, que fue masacrado. Su cuerpo apareció días después en Sarandí. En octubre secuestraron a los delegados Carlos Ruescas y Julio Palacios, y a una abogada de apellido De Grandis. Los cuerpos aparecieron mutilados en la localidad de Albarellos, a pocos kilómetros de Villa Constitución.

El 13 de diciembre del '75 asesinaron en un supuesto enfrentamiento a Juan Carlos Salinas, operario de un taller contratista que había apoyado la huelga de Acindar. Lo mismo le pasó a su primo Domingo Salinas, operario de Marathon. En la madrugada del 8 de enero del '76, los obreros y vecinos de la Villa, Antonio Pedro Reche, Jorge Raúl Andino y Carlos Tomson, participantes del intento de recuperación del sindicato, también fueron secuestrados. La semana siguiente, sus cuerpos aparecieron acribillados en un terreno.
Los fundamentos de Oyarbide. En su resolución de hace pocos días, a la que accedió Tiempo Argentino, el magistrado sostiene que "si bien existe conexidad entre ambas actuaciones (la causa Triple A y la querella presentada por la Liga sobre Villa Constitución), ello no supone subordinación de una causa a la otra, y dado que no se ha dispuesto la acumulación, no hay obstáculo alguno que justifique que tramiten bajo régimen procesal distinto".

E insiste en que "aquí (en referencia a la represión en la Villa) se involucra la responsabilidad del Directorio de una empresa como Acindar, cuyo presidente en el momento de los hechos era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego de ocurrido el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 pasó a ser el ministro de Economía del gobierno militar que tomó el poder, circunstancia esta que no puede soslayarse, dado que los intereses económicos de Acindar, prima facie, no parecen ajenos a la represión que se desata el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución".

"Por otra parte –agrega Oyarbide–, y como ya se señaló, la represión contra los militantes, empleados y delegados gremiales de Villa Constitución, que comenzó en el año 1975, continuó bajo el gobierno militar."
El juez brinda ejemplos concretos de esa continuidad. Como el de Nadia Doria, delegada de Acindar y ex compañera de Piccinini. Fue detenida por primera vez aquel 20 de marzo de 1975, y nuevamente el 26 de marzo de 1976. La dictadura la fusiló en enero del año siguiente. Para Oyarbide, es "absolutamente claro que estamos ante una nueva etapa en la investigación respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos con anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y de las presentaciones de la querella de fs. 16/31 y 173/74 y documentación reservada se vislumbra que estos hechos tienen imputados distintos a la causa 1075/06, que por otra parte se encuentra próxima al cierre del sumario en lo que respecta a la investigación de la asociación ilícita enquistada en el Ministerio de Bienestar Social".
“Queremos saber quiénes financiaron el genocidio”
–¿Qué es lo más importante de lo que decidió Oyarbide?
–Sin duda, tomar la gigantesca represión de Villa Constitución como análisis en sí mismo. El Villazo fue el primer gran ensayo donde se plasmó la connivencia entre el poder político y el poder económico, y a partir de ahora aparecerán nuevos imputados. Hay empresarios que estuvieron muy tranquilos en estos últimos años, en su casa y con su familia. Los mismos que financiaron la represión y las desapariciones, desde antes del golpe de Estado, y también después. Si no se analizan estas cosas, bajamos el debate y resumimos la dictadura a la obra macabra de unos locos sueltos, violentos y genocidas. Además, la causa que ahora toma nuevo impulso tiene características distintivas como, por ejemplo, poder investigar quiénes fueron los responsables del centro clandestino de detención que funcionó en el Albergue de Solteros, un edificio ubicado dentro de Acindar. Llegó la hora de saber quiénes financiaron el genocidio que hubo en este país.
lo que exigió el juez para esta semana
El magistrado solicitó a la Inspección General de Justicia los "antecedentes que obren en dicha dependencia respecto de la conformación de la empresa ACINDAR". Y a la AFIP, el domicilio legal y fiscal de la firma. Por otro lado, pidió al Boletín Oficial y a la Secretaría Legal y Técnica de la Nación copia certificada del "comunicado oficial mediante el cual se dio a conocer la represión del supuesto complot que se gestaba en la ciudad de Villa Constitución, Santa Fe, y que tuvo lugar el 20 de marzo de 1975".

Requirió "los datos del personal policial que según resulta de la causa 5912 'Piccinini, Alberto y otros s/inf. art. 189 bis y 210 CP y ley 20840', intervinieron en la detención y represión de los dirigentes de la UOM", y el "legajo personal correspondiente a cada uno de los individualizados".

Otro de los documentos que le interesan a Oyarbide es el testimonio completo del ex inspector de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, brindado ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) el 8 de marzo de 1983. Fernández reveló detalles pormenorizados del operativo de 1975, pero hace varios años, misteriosamente desapareció la hoja número siete de aquella declaración. El juez intentará obtener una versión digital completa de esas palabras, que podrían conservarse en el Archivo Nacional de la Memoria.

Además, el magistrado pidió a la policía la "nómina de personal afectado a la Delegación Rosario de la PFA en marzo de 1975", y sus legajos. A los Juzgados Federales con asiento en la ciudad rosarina, la "nómina de causas que por infracción a la Ley 20.840 se iniciaron el 20 de marzo de 1975, señalando los imputados y la resolución recaída en dichas actuaciones". Y a la Secretaría Legal y Técnica, la copia certificada de los Decretos PEN 798/75, 768/75 y 944/75.

Solicitó a la querella remitir los datos filiatorios de los testigos Roberto Martínez, Oscar Forles, Luis Tomasevich y Carlos Del Frade.

Por último, citó para que dieran su declaración testimonial, a partir del 4 de noviembre, a Jorge Víctor Marín y Analía Marín, que se sumarán a las efectuadas el 30 y 31 de octubre por Jaime Fuchs y José Schulman.
Fuente:TiempoArgentino

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