Miércoles 23 de mayo de 2012 | Editorial II
Lucrar con los derechos humanos
Es de esperar que el gobierno nacional no termine enredado
en los ofensivos reclamos de Eduardo Saiegh
(....)
Mediante una resolución del ex ministro de Economía Carlos
Fernández, ratificada por un decreto, el gobierno nacional impidió el cobro de
cincuenta millones de dólares que reclamaba como indemnización Eduardo Saiegh,
quien fue propietario del ex Banco Latinoamericano, liquidado por insolvencia
en 1981. Esta entidad cayó en esa situación agobiada por una cartera de autopréstamos
y créditos a empresas insolventes. La liquidación siguió los procedimientos
aplicables al caso.
Buscando otra alternativa para fundar su pretensión, Saiegh
inició una querella por "secuestro y torturas", alegando haber
sufrido delitos de lesa humanidad hace más de 30 años.
En la ratificación de su denuncia sostuvo: "Pasamos de
un terrorismo de Estado -refiriéndose a la época de liquidación de su banco-, a
un Estado de terror", en alusión al actual gobierno, que dictó la medida
que lo perjudica.
Pero, paradójicamente, el mismo Estado nacional, a través de
la Secretaría de Derechos Humanos, se ha hecho parte querellante en la misma
causa adhiriendo "a la presentación y petitorio de las medidas efectuadas
por el Sr. Agente Fiscal y el propio Eduardo Saiegh". De modo que el
propio Gobierno hoy se denuncia a sí mismo, al no negar el calificativo de
"Estado de terror" ni las demás descalificaciones.
Es de esperar que el nuevo secretario de Derechos Humanos
separe la paja del trigo y evite que la gestión del organismo a su cargo se vea
enredada en este burdo intento de lograr hacer un negocio de alto vuelo con
reclamos vestidos de derechos humanos y antisemitismo, que ofenden la memoria
de quienes han sufrido realmente violaciones de los derechos humanos..
Es de esperar que la opinión pública no termine enredada en las mentiras y engaños de la Nación.
El engaño al lector se articula
desde el comienzo. Informan el decreto de 2010 como si se tratara de un hecho
reciente. Configuran en un supuesto presente, un supuesto conflicto entre Saiegh y el gobierno, cuando en realidad, el gobierno respalda y acompaña sus reclamos como co-querellante en la misma
causa. Agravian y difaman a Saiegh por sus reclamos, pero si los hace el gobierno, no pasa nada, nadie se ofende. Al contrario, la editorial lo defiende, se
pone de su lado y así termina reciclando los argumentos del terrorismo de estado para justificar
la medida.
El engaño al lector se articula
desde el comienzo. Informan el decreto de 2010 como si se tratara de un hecho
reciente. Configuran en un supuesto presente, un supuesto conflicto entre Saiegh y el gobierno, cuando en realidad, el gobierno respalda y acompaña sus reclamos como co-querellante en la misma
causa. Agravian y difaman a Saiegh por sus reclamos, pero si los hace el gobierno, no pasa nada, nadie se ofende. Al contrario, la editorial lo defiende, se
pone de su lado y así termina reciclando los argumentos del terrorismo de estado para justificar
la medida.
Se saca de contexto el
decreto, se distorsionan unas partes, se ocultan otras, y el relato oficial parece contener aquel
argumento perverso, que renueva su apariencia legal y tranquiliza
los nervios de un carácter original, tan falso como siniestro.
La medida del gobierno es
desfigurada de modo que se interpreta por el lector como una garantia que prueba verdadera la
versión del diario, de una liquidación normal y sin irregularidades. La opinión pública, se inclina en favor de los
acusados, a pesar de las contradicciones, las partes que no le cierran o que le faltan del relato. La posición esta tomada, y modificarla implica demasiado esfuerzo.
Para asegurar ese objetivo, la editorial no menciona que en el
mismo decreto, el Gobierno reconoce que los padecimientos sufridos por Saiegh
son compatibles con el accionar del Terrorismo de Estado. y por lo tanto, la justicia es quien debe dictar la
medida que repare los daños causados. Y no deben limitarse a la restitución
de los bienes desapropiados ilegítimamente únicamente, también debe garantizar
una compensación justa y proporcional a las perdidas ocasionadas por ese
accionar criminal. Pero sobre todo, debe investigar, juzgar y castigar a
quienes cometieron esos crímenes en su nombre. El pago de la indemnización,
habría saldado una parte del daño, pero corrigiendo los errores por la
mitad, podría causar otros nuevos.
Como por ejemplo, si al reparar
los daños materiales, asume la
responsabilidad total de sus delitos,
les estaría garantizando la impunidad total a quienes los planificaron,
los ejecutaron y se beneficiaron.
Hasta entonces, habrá que tolerar
este tipo de paradojas y contradicciones de este tipo; como levantar la bandera de los
Derechos Humanos, pero negar
delitos y apropiaciones ilegitimas de bienes con argumentos que se obtuvieron
al violarlos; o como salir en defensa de los intereses públicos, solamente para
conservar los beneficios privados que se apropiaron administrando el estado a
través del terror y el terror a través del estado.
La editorial, acusa a Eduardo Saiegh de ofender la
memoria de quienes han sufrido ‘realmente’ violaciones de los derechos humanos,
porque sus reclamos se apoyan
en hechos que ‘resultarían
falsos’. No lo afirman y lo presumen,
de modo que desconocen la realidad de los hechos. Y los desconocen, porque desestiman los fallos de la
Justicia que, en Democracia y en reiteradas ocasiones confirman que Saiegh fue secuestrado, torturado y despojado
de sus bienes en 1981.
Pero no explican que
actualmente, promueve junto a la
Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, una querella contra José Alfredo
Martínez de Hoz y Alejandro Reynal, por encontrarlos responsables de esos
delitos, los cuales han sido
declarados ‘de lesa humanidad’. Estos reclamos, para La Nación, ofenden la
memoria de las victimas. Pero no de todas. Solo algunas. Solo las que, por
alguna oscura razón, ellos saben
que son reales. La Nación puede
decir quienes han sufrido realmente delitos de ese tipo y quienes no. Tal vez
por eso puedan hablar en su nombre, y ocultar que esos reclamos en verdad no
ofenden a las victimas, sino mas bien, asustan a sus victimarios.
Explican que el BLA fue “liquidado por insolvencia” y que cae en esta situación “agobiado por una cartera de autopréstamos y créditos a
empresas insolventes”. Este argumento, se obtuvo mediante secuestro y tortura. Con esos métodos, amenazaban a la victima y la obligaban
firmar los documentos, que le daban un aspecto legitimo al desapoderamiento y
un argumento para poder justificarlo en ocasiones como la que presenta esta
editorial, que sigue en esta línea
y lo demuestra con la misma impunidad que pasa inadvertida. “La liquidación siguió los
procedimientos aplicables al caso”, explican con ironía, y trasmiten en codificado, el orden establecido por
el terrorismo de estado.
Con respecto al “Estado de Terror”, ¿Porque el
Gobierno debería tomar medidas tan severas como las que La Nación espera que tome solamente por ese “descalificativo? Quizás están muy acostumbrados a hablar
bien del poder de turno y recibir favores a cambio. Y tal vez, eso explique
porque saben quienes han sido realmente victimas y quienes no. Y por eso no le
llevan esa información a la Justicia, y prefieren utilizarla en esta editorial
para que los civiles ideólogos y cómplices de la dictadura, sigan castigando a
sus victimas.
M.R.
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juicioalosciviles@gmail.com
@Jciviles
