martes, 18 de diciembre de 2012

EL 20/12 TODOS A LA BIBLIOTECA NACIONAL.




MESA REDONDA Y DEBATE:
‘JUICIO A LOS JEFES CIVILES DE LA DICTADURA Y LA VERDAD HISTÓRICA’

El Programa Derechos Humanos de la Biblioteca Nacional y la Fundación para la Integración Latinoamericana (FIL) organizan la mesa redonda y debate sobre “El Juicio a los reales Jefes Civiles de la Dictadura y la Verdad Histórica”, con la disertación de Horacio González, Alberto González Arzac y Eduardo Saiegh.

El evento se desarrollará el jueves 20 de diciembre, en el Salón Ortiz del tercer piso de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, CABA, a las 18.30 horas.

Al finalizar, todos los presentes quedan invitados a un cóctel en la confitería Macedonio, de la Biblioteca Nacional.





Como forma de establecer una política de custodia, registro y difusión de la memoria sobre la problemática de violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país, en especial durante la última dictadura cívico-militar, la Biblioteca Nacional ha creado en 2012 un Programa que incluye la formación de un archivo audiovisual con entrevistas a militantes de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que procura reflejar una pluralidad de experiencias, enfoques y pertenencias institucionales y constituirá una forma de generar, preservar y colocar a la consulta pública un patrimonio institucional sobre esos temas. En este marco, para estimular la reflexión y discusión sobre el terrorismo de Estado y sus consecuencias, la Biblioteca Nacional junto a la Fundación para la Integración Latinoamericana (FIL), organizan la Mesa Redonda y Debate “El Juicio a los reales Jefes Civiles de la Dictadura y la Verdad Histórica”, cuyos participantes disertaran en torno a los hechos  acontecidos en aquel momento,  enfocando la represión ideológica en su contexto real de intereses económicos, como parte del proceso de memoria, verdad y justicia que hoy vive la sociedad.





Horacio González es sociólogo, docente, investigador, ensayista y disertante. Licenciado en Sociología (UBA). Doctor en Ciencias Sociales (Universidad de San Pablo, Brasil). Es Profesor de Teoría Estética y de Pensamiento Social Latinoamericano. Algunas de sus investigaciones son: Multitudes en la Argentina, Cien años de sociología en la Argentina y Usos sociales de la memoria. Fue cofundador de la revista cultural El Ojo Mocho y publicó varios libros y ensayos, entre ellos: La ética picaresca, Decorados, El filósofo cesante, Las multitudes argentinas, Restos Pampeanos y Filosofía de la conspiración. Actualmente es Director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina.


Alberto González Arzac es abogado constitucionalista, periodista y escritor de extensa militancia en el Peronismo y reconocida labor académica. Es autor de “La Esclavitud en la Argentina” (1973), “Lineamientos Regionales del Plan Trienal” (1973), “El Papelón de Manuel  Quintana” (1974), “Caudillos y Constituciones” (1994) y “Un jurista en el Parlamento” (1999) entre otros títulos. Actualmente, es Presidente del Instituto de Investigación Histórica Juan Manuel de Rosas y Consejero de Vigilancia Estatal ante Papel Prensa, tras haber elaborado el informe sobre administración fraudulenta y apropiación ilegitima mediante delitos de lesa humanidad, hechos que  se investigan en sede penal federal y que ocurrieron entre fines de 1976 y 1977 en torno al traspaso accionario de la empresa a los  grupos económicos cómplices y artífices de la dictadura. 


Eduardo Saiegh es arquitecto, empresario y banquero, de  extensa trayectoria y reconocimiento en el ámbito profesional y académico; y destacada labor cultural como Presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FIL) . Su actuación en política y economía, resulta de significativa importancia para la historia argentina reciente. En 1976 funda el Banco Latinoamericano de Inversión (BLA) y el 31 de octubre de 1980 es detenido por un grupo de tareas de la División Bancos de la Policía Federal. Permanece en cautiverio durante 7 días, y es objeto de torturas y amenazas, hasta ser despojado de su Banco.  Hoy promueve una querella junto a la Secretaria de Derechos Humanos de La Nación contra José Alfredo Martínez de Hoz y Alejandro Reynal por delitos de lesa humanidad.


En esta ocasión, también se lanzará oficialmente el portal www.elcasosaiegh.com.ar, con toda la información actualizada sobre las acciones judiciales para sentar ‘en el banquillo de los acusados’ a los civiles que planificaron, colaboraron y se beneficiaron con el terrorismo de estado.  


viernes, 14 de diciembre de 2012

Lidia Papaleo de Gravier disertó en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP


Lidia Papaleo, junto a su hermano Osvaldo, Diego Perdoni de la Agrupación H.I.J.O.S Regional La Plata y la decana de la Facultad de Periodismo Florencia Saintout, disertaron la casa de estudios sobre el “Papel Prensa: complicidad civil en la última dictadura cívico-militar”. Lidia aseguró que “Clarín no reconoce amigos y aliados, sólo busca permanecer en el poder como sea”.
Lidia Papaleo de Gravier disertó en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y allí contó varios de los sucesos ocurridos en la última dictadura cívico-militar. En ese sentido Papaleo dijo que “este gobierno nos permitió hablar y poner en la agenda un tema tan importante como este”.
Por su parte su hermano Osvaldo aseguró que “en este momento se está discutiendo el poder. Pateamos un hormiguero muy grande y se cayeron tipos que eran supuestamente respetables y ahora escriben editoriales en Clarín y La Nación”.
“Se puede disentir con muchísimas leyes del gobierno pero en la ley de Medios no hay deserción: estamos combatiendo el poder. Clarín no reconoce amigos y aliados, solo busca permanecer en el poder como sea”, continuó Papeleo.
“Ellos van hasta por el voto, sienten que el voto no es su camino. Los grupos multinacionales buscan romper con la estructura de país”, aseguró.
El que conduce el 8N, el que manipula cacerolas es Clarín. La discusión es ideológica y profunda, debe ser a fondo. La ley de Medios es el eje central para democratizar los medios, ese es el debate”, concluyó.
Por su parte Diego Perdoni denunció la connivencia de Mercedes Benz y de Ford, por ejemplo durante la dictadura y dijo que “los represores son vencibles y es una batalla que estamos ganando”.
“Tanto las Abuelas, Madres, hijos y nietos recuperados siempre llevaremos a Néstor y Cristina en el corazón, porque nos permiten vivir los juicios y nos devolvieron la esperanza de creer en este país”, finalizó.
La decana de la Facultad de Periodismo Florencia Saintout aseveró que “tener a ellos en las aulas expresándose sobre el tema es un orgullo, porque admiramos su valentía”.
En continuidad con lo expresado por la decana, la docente e investigadora Andrea dijo que “cuando nadie hablaba de papel prensa, en esta Facultad ya se estudiaba. Hoy por suerte es un tema de agenda de los medios”.
“Es importantísimo volver sobre estos temas y ahí se dimensiona lo que está en juego. Hay que recrear el pasado desde este presente: tenemos que estar siempre alertas, porque los poderes están en todos lados”, concluyó.

Fuente: InfoLaPlata.com

Debate en la Biblioteca Nacional: ¨Juicio a los Jefes Civiles de la Dictadura¨

Horacio González, González Arzac y Eduardo Saiegh
debaten el próximo jueves en la Biblioteca Nacional
"El Juicio a los Jefes Civiles de la Dictadura"

jueves, 6 de diciembre de 2012

Ley de Medios: El Gobierno recurrirá a la Corte tras la extensión de la cautelar

Por: 

INFOnews

El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Julio Alak, adelantó que "mañana" mismo va a apelar el fallo de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial, que amplió la cautelar en beneficio del grupo Clarín en la Ley de Medios, y precisó que recurrirá al mecanismo "per saltum", que permite hacerlo directamente a la Corte Suprema.

Invitado como panelista a 678, el titular de la cartera judicial dijo que el fallo de la Cámara "es absolutamente arbitrario", y que "tiene groseras autocontradicciones".
"Es una medida cautelar que calificamos de absurda. Se confirmó lo que veníamos diciendo hace 23 meses, cuando advertíamos que un sector de la Cámara pretendía, con diversas maniobras pocesales, extender una cautelar por Clarín", dijo Alak, quien agregó que "el objetivo (de los jueces) es muy claro: no interpretar el espíritu de desmonopolización de la ley, y no interpretar la voluntad popular cuando convalidó al Poder Ejecutivo y a la Presidenta".
A su vez, el ministro aclaró que esta nueva "maniobra" no va a impedir que la Ley de Medios tenga plena vigencia. "Nos van a hacer perder una semana, dos semanas o tres semanas, pero la aplicación de la ley es inexorable". Y aseguró que "quedan pocos días para que se dicte la sentencia de fondo y esperemos que esta sentencia recepte lo que dijo el Congreso de la Nación y que caigan estas cautelares eternas".


martes, 4 de diciembre de 2012

Martin Fresneda, asegura que hay elementos para indagar a Mitre y Magneto.


Fresneda celebró que se haya destrabado la causa que se inició en 2010, luego de una denuncia del que fue secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.  Finalmente, la Cámara de Casación confirmó como juez de instrucción de la causa al magistrado del fuero Federal, Julián Ercolini.
“Hemos esperado un plazo razonable para solicitarle al juez que disponga el diligenciamiento de las medidas probatorias, ya en el marco de la instrucción e investigación de la causa, para que se acrediten esas pruebas y se puedan probar los hechos que venimos denunciando”, indicó Fresneda.
El secretario dijo que el Estado también solicitó las declaraciones indagatorias de la dueña del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble; del CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto; el dueño del diario La Nación, Bartolomé Luis Mitre; de los ex dueños del diario La Prensa, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y  Hugo Fernando Peralta Ramos; del ex presidente de facto, Jorge Rafael Videla; del ex ministro de Economía durante la última dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz; del ex secretario de Redacción del diario Clarín, Reinaldo Gregorio Bandini y del es secretario de Desarrollo Industrial durante la dictadura, Raymundo Podestá. La presentación requiere también que la Justicia prohíba la salida del país a los denunciados en la querella de Papel Prensa.
Los denunciados están acusados por la apropiación de la empresa Papel Prensa durante la dictadura, que pertenecía al Grupo Graiver. Además, se los sindica como los presuntos responsables de la privación ilegítima de la libertad e impartición de tormentos  a Lidia Papaleo,  en ese entonces dueña de Papel Prensa y viuda de David Graiver.
“Entiendo que el juez puede dar estas respuestas de inmediato, si considera que existen estos elementos que pueden sindicar. Los elementos probatorios son suficientes para que el juez tome esta determinación. Hemos dado el tiempo suficiente”, dijo.
En este sentido, Fresneda precisó: “Esta causa, como crimen de lesa humanidad, para la justicia argentina ha tenido un trato muy diferencial a las otras causas de crímenes de lesa humanidad, que si avanzaron que si prosperaron. Esta causa que involucra personas que están ligadas a un monopolio y a un poder actual, no ha tenido el mismo tratamiento”.
Con respecto al juez Ercolini, que llevará adelante la instrucción, dijo que hay mucha expectativa porque “es un juez de otra generación, de la democracia y puede tener una actitud diferente a los anteriores que fueron reticentes a tomar decisiones y a actuar conforme a derecho”.

 Megacausa “La Perla”
El secretario estará hoy presente en el inicio del juicio por la megacausa “La Perla”, centro clandestino de detención que funcionó en la ciudad de Córdoba durante la última dictadura.
En esa causa hay 44 imputados y brindarán su testimonio cerca de 1000 testigos. El principal acusado es el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez. Además estarán en el banquillo los ex jefes del Destacamento de Inteligencia 141, Ernesto Barreiro, Jorge Acosta y Luis Diedrichs, quienes tenían a cargo el ex centro clandestino La Perla, el segundo en importancia en el país.
“Son muchas las expectativas en Córdoba, lo conozco mucho porque estuve trabajando como patrocinante y abogado de muchas víctimas hasta de asumir  como secretario. Ahora somos querellantes como Secretaría de Derechos Humanos”, dijo.  
Fresneda afirmó que mañana estará en Santiago del Estero, en donde culmina un importante juicio por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 44 victimas, por los que se encuentran acusados los ex policías y ex militares Musa Azar Curi, Juan Bustamante, Miguel Garbi, Ramiro López Veloso, Jorge D’Amico (todos ellos vinculados con las desapariciones anteriores a 1976) y Francisco Laitán, Héctor Carlos Capella, Rolando Salvatierra, Eduardo Baudano, Gregorio Brao y Roberto Díaz, quien se encuentra prófugo.
El funcionario estará el viernes en La Rioja, cuando se conozca la sentencia del juicio por los homicidios en 1976 de Carlos Murias y Gabriel Longueville, los dos sacerdotes que trabajaban con el obispo Enrique Angelelli.


Fuente: Agencias 

lunes, 3 de diciembre de 2012

"Secuestraban a los empresarios que se iban a oponer al plan de Martínez de Hoz"


Tucumán.- La etapa testimonial de la megacausa por crímenes de lesa humanidad “Arsenales II-Jefatura II” comenzó el viernes con fuertes testimonios de los testigos y uno de ellos consideró que el accionar de las fuerzas militares tenía además del objetivo militar uno económico."Ellos secuestraron a empresarios que se iban a oponer a un plan elaborado por Martínez de Hoz que terminó extranjerizando la economía y endeudando al país, y que terminó destruyendo la industria y la producción nacional", indicó Rubén Chebaia al contar lo sucedido con su padre, José Guetas Chebaia. Por su parte, el abogado querrellante Daniel Villagra, quien además participa en el juicio como uno de los casi 600 testigos, dijo que "siempre esperé que en algún momento íbamos a poder entender parte del horror que vivó Tucumán". "Por suerte vino este gobierno que está permitiendo que se lleven a cabo este tipo de juicios para buscar la verdad de lo que pasó en esa época", señaló.
"Yo fui testigo del secuestro de José Guetas Chebaia", afirmóel abogado, quien relató lo sucedido aquella noche durante la novena jornada del juicio que se desarrolló hoy. “Uno de ellos le preguntó a su hijo, que estaba en la cama (Rubén Chebaia), 

quién era pero como no contestó, le puso un arma en la cabeza". "Tiempo después lo identifiqué: es ese que está sentado ahí yse llama Roberto ‘Tuerto’ Albornoz”, señaló Villagra señalando a uno de los imputados en el juicio.
    
El abogado comentó que pusieron la denuncia y que intentaron localizarlo hasta que un sacerdote relacionado con las fuerzas de seguridad los desanimó al decirles que no lo busquen más. El ex funcionario permanece desaparecido desde entonces aunque su foto está presente en cada jornada del juicio sostenida por allegados ubicados en la primera fila de la sala.

El primer testimonio fue de Laura Figueroa, que representa a la mayor cantidad de víctimas y brindó detalles del secuestro de Celia M. (pidió resguardar su identidad), una joven estudiante de la Universidad Nacional de Tucumán que era compañera de una hermana suya. “Estaba estudiando en mi casa una madrugada cuando la llamó su mamá para que fuera urgente a su casa”, inició Figueroa sobre lo ocurrido en octubre del 76. Contó que la llevó en su auto y que al llegar un hombre extraño
les abrió la puerta, las encerraron en una sala y se la llevaron.

Recordó tambien que los familiares de Celia hicieron gestiones y que fue liberada recién a las dos semanas, tras pasar por el Arsenal.pasar por el infierno ya no son los mismos”, dijo angustiada. El juicio pasó a cuarto intermedio hasta el próximo jueves cuando se realice la décima jornada.


Fuente: Telam

martes, 20 de noviembre de 2012

Lucrar con la opinión pública. Las mentiras y los engaños de La Nación en sus editoriales.









Miércoles 23 de mayo de 2012 | Editorial II





Lucrar con los derechos humanos
Es de esperar que el gobierno nacional no termine enredado en los ofensivos reclamos de Eduardo Saiegh
(....)
Mediante una resolución del ex ministro de Economía Carlos Fernández, ratificada por un decreto, el gobierno nacional impidió el cobro de cincuenta millones de dólares que reclamaba como indemnización Eduardo Saiegh, quien fue propietario del ex Banco Latinoamericano, liquidado por insolvencia en 1981. Esta entidad cayó en esa situación agobiada por una cartera de autopréstamos y créditos a empresas insolventes. La liquidación siguió los procedimientos aplicables al caso.

Buscando otra alternativa para fundar su pretensión, Saiegh inició una querella por "secuestro y torturas", alegando haber sufrido delitos de lesa humanidad hace más de 30 años.

En la ratificación de su denuncia sostuvo: "Pasamos de un terrorismo de Estado -refiriéndose a la época de liquidación de su banco-, a un Estado de terror", en alusión al actual gobierno, que dictó la medida que lo perjudica.

Pero, paradójicamente, el mismo Estado nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se ha hecho parte querellante en la misma causa adhiriendo "a la presentación y petitorio de las medidas efectuadas por el Sr. Agente Fiscal y el propio Eduardo Saiegh". De modo que el propio Gobierno hoy se denuncia a sí mismo, al no negar el calificativo de "Estado de terror" ni las demás descalificaciones.

Es de esperar que el nuevo secretario de Derechos Humanos separe la paja del trigo y evite que la gestión del organismo a su cargo se vea enredada en este burdo intento de lograr hacer un negocio de alto vuelo con reclamos vestidos de derechos humanos y antisemitismo, que ofenden la memoria de quienes han sufrido realmente violaciones de los derechos humanos..





Es de esperar que la opinión pública no termine enredada en las mentiras y engaños de la Nación.









El engaño al lector se articula desde el comienzo. Informan el decreto de 2010 como si se tratara de un hecho reciente. Configuran en un supuesto presente,  un supuesto conflicto entre Saiegh y el gobierno, cuando en realidad, el gobierno  respalda y acompaña sus reclamos  como co-querellante en la misma causa.  Agravian y difaman a Saiegh por sus reclamos, pero si los hace el gobierno, no pasa nada, nadie se ofende.  Al contrario,  la editorial lo defiende, se pone de su lado y así termina reciclando los argumentos del terrorismo de estado para justificar la medida.


Se saca de contexto el decreto, se distorsionan unas partes, se ocultan otras, y el relato oficial  parece contener aquel  argumento perverso,  que renueva  su apariencia legal y tranquiliza los nervios de un carácter original, tan falso como siniestro.

La medida del gobierno es desfigurada de modo que se interpreta por el lector como una garantia que prueba verdadera la versión del diario,  de una liquidación normal y sin irregularidades. La opinión pública, se inclina en favor de los acusados, a pesar de las contradicciones,  las partes que no le cierran o que le faltan del relato.  La posición esta tomada, y modificarla implica demasiado esfuerzo.

Para asegurar ese objetivo, la editorial no menciona que en el mismo decreto, el Gobierno reconoce que los padecimientos sufridos por Saiegh son compatibles con el accionar del Terrorismo de Estado. y por lo tanto,  la justicia es quien debe dictar la medida que repare los daños causados. Y no deben limitarse a la restitución de los bienes desapropiados ilegítimamente únicamente, también debe garantizar una compensación justa y proporcional a las perdidas ocasionadas por ese accionar criminal. Pero sobre todo, debe investigar, juzgar y castigar a quienes cometieron esos crímenes en su nombre. El pago de la indemnización, habría saldado una parte del daño, pero corrigiendo los errores por la mitad,  podría causar otros nuevos. Como por  ejemplo, si al reparar los daños materiales,  asume la responsabilidad total de sus delitos,  les estaría garantizando la impunidad total a quienes los planificaron, los ejecutaron y se beneficiaron.

Hasta entonces, habrá que tolerar este tipo de paradojas y contradicciones de este tipo; como levantar la bandera de los Derechos Humanos,  pero negar delitos y apropiaciones ilegitimas de bienes con argumentos que se obtuvieron al violarlos; o como salir en defensa de los intereses públicos, solamente para conservar los beneficios privados que se apropiaron administrando el estado a través del terror y el terror a través del estado. 

La editorial,  acusa a Eduardo Saiegh de ofender la memoria de quienes han sufrido ‘realmente’ violaciones de los derechos humanos, porque sus reclamos  se apoyan en  hechos que ‘resultarían falsos’. No lo afirman y lo presumen,  de modo que desconocen la realidad de los hechos. Y los desconocen,  porque desestiman los fallos de la Justicia que, en Democracia y en reiteradas ocasiones  confirman que Saiegh fue secuestrado, torturado y despojado de sus bienes en 1981.

Pero no explican que actualmente,  promueve junto a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, una querella contra José Alfredo Martínez de Hoz y Alejandro Reynal, por encontrarlos responsables de esos delitos,  los cuales han sido declarados ‘de lesa humanidad’. Estos reclamos, para La Nación, ofenden la memoria de las victimas. Pero no de todas. Solo algunas. Solo las que, por alguna oscura razón, ellos saben que son reales.  La Nación puede decir quienes han sufrido realmente delitos de ese tipo y quienes no. Tal vez por eso puedan hablar en su nombre, y ocultar que esos reclamos en verdad no ofenden a las victimas, sino mas bien, asustan a sus victimarios.

Explican que el  BLA  fue “liquidado por insolvencia”  y que cae en esta situación “agobiado por una cartera de autopréstamos y créditos a empresas insolventes”. Este argumento, se obtuvo mediante secuestro y tortura. Con esos métodos,  amenazaban a la victima y la obligaban firmar los documentos, que le daban un aspecto legitimo al desapoderamiento y un argumento para poder justificarlo en ocasiones como la que presenta esta editorial,  que sigue en esta línea y lo demuestra con la misma impunidad que pasa inadvertida. “La liquidación siguió los procedimientos aplicables al caso”, explican con ironía, y trasmiten  en codificado, el orden establecido por el terrorismo de estado.

Con respecto al  “Estado de Terror”, ¿Porque el Gobierno debería tomar medidas tan severas como las que La Nación espera  que tome solamente por ese “descalificativo? Quizás están muy acostumbrados a hablar bien del poder de turno y recibir favores a cambio. Y tal vez, eso explique porque saben quienes han sido realmente victimas y quienes no. Y por eso no le llevan esa información a la Justicia, y prefieren utilizarla en esta editorial para que los civiles ideólogos y cómplices de la dictadura, sigan castigando a sus victimas.

M.R.
JCCC ID
juicioalosciviles@gmail.com
@Jciviles


sábado, 17 de noviembre de 2012

FERNANDO POVIÑA SOBRE EL PROCESAMIENTO DE CARLOS PEDRO BLAQUIER




  Por Alejandra Dandan

“Estamos entrando en una nueva etapa judicial, porque estamos viendo el aporte de los civiles que fueron cómplices o coadyuvaron en los hechos de esa época, algo que hay que investigar y que tiene como antecedentes otros procesos. Yo cito a Nuremberg, resoluciones de la Justicia en Estados Unidos no muy lejanas para que no se crea que en el fallo hay un prejuicio ideológico. Acá se está haciendo una investigación judicial. Estamos dando fundamentos a aportes relevantes desde el punto de vista jurídico, que es lo que nos interesa a nosotros.”

Fernando Poviña asumió en el juzgado federal de Jujuy hace seis meses por una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Es juez federal en Tucumán, donde trabaja causas sobre crímenes de lesa humanidad y viaja dos días a la semana a Jujuy. Durante esos seis meses, avanzó en las investigaciones más emblemáticas relacionadas con la última dictadura que estaban paralizadas por el Poder Judicial en el territorio del Ingenio Ledesma. Procesó al dueño de la empresa, Pedro Blaquier, y a su gerente administrativo, Alberto Lemos, por complicidad en grado primario por el secuestro de 29 personas durante el terrorismo de Estado. Probó que Ledesma colaboró en los secuestros prestando sus vehículos en los traslados. Y tuvo en cuenta la condición de referentes sindicales de las víctimas y persecución hacia ellos de la empresa. En un largo apartado histórico, que será útil para otras causas, analizó el ensamble ideológico entre Ledesma, los grupos industriales y la dictadura.

–¿Cuales son las imputaciones contra Blaquier y Lemos?

–En cualquier causa siempre se trata de ver primero los autores directos. En esta causas hay autores mediatos: personas de “atrás”, que manejaban todo. En este caso, Luciano Benjamín Menéndez. Y también hay personas que ayudan a cometer un delito, que son partícipes o cómplices. En esta causa ya fue procesado Menéndez, máxima autoridad militar en el norte. Lo que estamos viendo ahora es la participación de aquellas personas que no eran “funcionarios”: son civiles que actúan dentro de un patrón común que está dado por la acción del “principal” o autor.

–¿Qué se observa y en qué causas?

–Son dos causas sobre hechos que sucedieron en el departamento Ledesma y zona de influencia, cuya característica es que hay una empresa absolutamente dominante en la situación pública y privada, porque es el que da mayor cantidad de trabajo a todos los pobladores y que tiene una influencia muy grande, como lo marcamos en la resolución.

Usted la llama “pequeño Estado”.

–Uno de ellos lo dice en la indagatoria. Ellos se hacen cargo de todo, en el sentido de que parte de los argumentos de la defensa fue decir que donde el Estado no llegaba, llegaban ellos. Muchas veces lo que hacían, lo hacían más por obligaciones legales que por buena voluntad. Lo que tuvo en común la selección de personas secuestradas en esa época y en ese lugar específico es que muchas eran luchadores gremiales, sindicalistas o referentes sociales, relacionados con la lucha y reivindicaciones en el sector agroazucarero: y agroazucareros ahí significa una sola empresa.

–¿Cómo se articulan Ledesma y la persecución militar?

–Las autoridades militares desarrollaban un plan de persecución, eliminación o amedrentamiento general a toda clase de trabajadores, pero dentro de todas las persecuciones masivas, acá hicimos foco en la actividad agroazucarera, porque tuvo que ver con ellos, con las reivindicaciones del sector trabajador de esa actividad. De allí surgen las dos causas: Arédez, que se refiere a quien fuera intendente constitucional de General San Martín (Luis Arédez). Allí describimos que los propios vecinos lo impulsaron a ser intendente y que quiso cobrarle un impuesto a Ledesma. Fue médico de la empresa, antes había sido médico del gremio de los azucareros. Y tuvo problemas en la empresa porque recetaba medicamentos por fuera del vademécum que ellos autorizaban, porque consideraba que era lo que correspondía. Luego, trabajaba en hospitales y estaba vinculado con el gremio de los trabajadores azucareros.

–Usted dice que el grupo del primer expediente eran referentes sociales más definidos y que en el segundo se llevaron a muchos “por las dudas”.

–La mayoría de las víctimas de la causa Arédez eran referentes que ya estaban en las listas negras y fueron detenidas el propio 24 de marzo. Las detenciones fueron particularizadas, fueron a buscarlos a las casas, por su actividad. Por eso marco la diferencia que existe entre la forma de la prueba de uno y de otro caso. En la causa de “la Noche del Apagón”, si bien eran personas que estaban sindicadas con algún tipo de vinculación familiar o de referencia con el movimiento sindical o social, como los hermanos Garnica, no eran las cabezas del movimiento, que ya estaban detenidas el primer día. Por eso uso la frase de Ibérico Saint Jean, era lo que quedaba, se los llevaron para evitar que salga algo, por las dudas. Luego de pasar por distintos destacamentos, los llevaron al centro clandestino de Guerrero. Muchos de ellos, posiblemente por los interrogatorios crueles, hayan perdido la vida ahí, pero eso todavía estamos investigándolo. Fue como una segunda oleada: simpatizantes que fueron secuestrados por oleajes en detenciones colectivas. Apagaban la luz y sacaban a todos de las casas que tenían marcadas.

–¿Cuáles son los fundamentos de la prueba sobre Ledesma?

–Es haber puesto a disposición de las Fuerzas Armadas y de seguridad camionetas o vehículos de la empresa sin los cuales no se podían haber hecho los traslados, porque estamos hablando de una época y de un lugar: el interior de la provincia de Jujuy. Las fuerzas no contaban –hasta hoy– con un parque automotor grande. Todo eso está plasmado en los convenios que tenían, en las testimoniales. Por lo tanto, era imprescindible, para llevar a la persona detenida ilegalmente a los distintos lugares, contar con los medios de trasporte. Esos medios de trasporte fueron cedidos por la empresa Ledesma.

–Ellos dicen que los cedieron, pero que no tenían responsabilidad. Usted habla del “mito”.

–Primero dijeron que era todo un “mito”, que no existía. A medida que fuimos avanzando, fueron dando otras explicaciones: que fueron cedidas o, la semana pasada, que a lo mejor hubo un empleado coaccionado a hacerlo. Entonces ese mito nunca fue tal: hay testimonios de la época, incluso de 1975. Lemos explica que cedieron vehículos para el conflicto con Chile en 1978. Hay panfletos previos al golpe que los sitúan, está el “pacto Bussi-Blaquier”, que es un convenio de Gendarmería y la empresa. Hay testigos directos. Los sobrevivientes. Y si usted quiere más, hay un decreto de Illia de 1966, que no habla de camiones, sino de facilitación de lugares, que establecía que Gendarmería iba a tener un lugar en Ledesma a fin de contener todos aquellos movimientos que venían del norte. Esa interrelación indica que, dado el número de detenciones fatídicas de la Noche del Apagón, también se usaron las camionetas del Ingenio.

–Además del aporte material, usted habla deldolo”.

–El préstamo de las camionetas no fue inocuo. Tenían conocimiento de que iban a ser utilizadas para el traslado de personas detenidas ilegalmente. En ese caso, indicamos las pruebas que existen sobre el señalamiento y la persecución hacia los referentes sindicales que había en la empresa. De eso dan cuenta los propios legajos de los trabajadores: muestran el seguimiento, el comportamiento y las actividades gremiales. Parte del material se logró descubrir en los allanamientos de mayo. Indican que la empresa estaba al tanto de todo lo que estaba pasando con sus propios trabajadores o gremialistas: reuniones, reclamos, con información que trasferían los propios jefes de sección a sus superiores.

–La resolución tiene otro eje importante: el rol de los industriales que acompañaron el golpe y la empresa Ledesma entre ellos. Se analizó la articulación entre políticas económicas, golpes y persecución gremial desde 1960.

–Marcamos que la persecución no era nueva. Analizamos la persecución política y gremial que iba de la mano a tratar de poner un modelo de país que tenía una clara visión económica. Dentro de ese cuadro, enmarcamos el modelo sindical azucarero, lo que pasó con la Fotia y sus dirigentes sindicales antes del 24 de marzo. Mostramos cómo los cupos (de la liquidación de ingenios en Tucumán) pasaron a beneficiar al Ingenio Ledesma. Había una simbiosis de claro beneficio hacia el Ingenio Ledesma, eso se vio luego del cierre de los ingenios tucumanos que eran más chicos, con cañeros dueños de su producción; en cambio Ledesma tenía sus propias tierras y plantaciones y con una mano de obra más desprovista.

Ubican a Blaquier entre los industriales.

–Allí aparece el nombre de Martínez de Hoz y el Grupo Perriaux. Quiero resaltar que no era algo descontextualizado, sino que estaba todo engarzado en un solo impulso ideológico y económicos. Por un lado, lo que fue pasando con el sector azucarero e industrial con las luchas y organizaciones y la política económica. Y por otro, que los dirigentes de la empresa Ledesma no estaban desconociendo todo esto, porque estaban inmersos dentro de un grupo político económico que contenía estas ideas. No desconocían lo que pasaba, sino que estaban inmersos, dentro de una suerte de pequeño universo que estaba al tanto, apoyando la políticas económicas y sindicales de la ultima dictadura. Un hecho no es aislado, tiene que ver con lo que sucede en su exterior. Estos hechos que se están investigando están enteramente vinculados con un determinada situación política, económica y represiva de una determinada época del país.

–¿Eso no estaba dicho hasta ahora en una causa judicial?

–Lo que se hace de novedoso es que la represión ideológica la ponemos dentro de un contexto de intereses económicos: había ciertas empresas que acompañaban al régimen porque tenían sus intereses económicos de la mano de la política neoliberal que estaba implementando ese régimen de facto.

–¿Por qué no ordenó las detenciones?

–La fiscalía, en este tramo de la causa, había aceptado las eximiciones de prisión (antes de que se asumiera el fiscal Pablo Pelazzo). Hasta ahora siempre estuvieron a derecho y gozan del principio de inocencia. Yo me manejo así en todas las causas. De todas formas, tienen prohibida la salida del país.

Fuente: Página 12    

Diario @JCiviles