Crearán una bicameral que investigue la complicidad de empresas con la dictadura

La votación estuvo a punto de fracasar por las abstenciones de la oposición. Finalmente, se aprobó con la ayuda de un puñado de senadores del FAP y UNEN

una votación que estuvo a punto de fracasar, el Frente para la Victoria logró convertir en ley este miércoles la creación de una comisión bicameral parlamentaria que deberá investigar la responsabilidad empresaria durante la última dictadura cívico-militar, que tuvo lugar entre 1976 y 1983.

La oposición, que formuló objeciones al proyecto, había anunciado que se abstendría en la votación, lo cual dejaba al oficialismo sin quórum para aprobar la iniciativa, pero finalmente, con el aporte de un puñado de senadores, el kirchnerismo se alzó con la ley, que obtuvo 39 votos.

Los legisladores que se quedaron en sus bancas para habilitar la votación fueron los integrantes del interbloque FAP-UNEN-CCARI Fernando “Pino” Solanas, Rubén Giustiniani, Magdalena Odarda y Jaime Linares, mientras que Norma Morandini, quien también pertenece a ese espacio, se retiró del recinto junto con la UCR, el Pro y el peronismo opositor.

El salteño Juan Carlos Romero consideró que “hay una inconveniencia en que el Congreso se vea envuelto en esta actividad ajena a lo legislativo”.

“¿Por qué tenemos que hacer nosotros un juicio civil y moral? No es tarea nuestra”, objetó el senador del Interbloque Federal, aunque aclaró que “la investigación de las violaciones a los derechos humanos es una política del Estado que debe seguir” y agregó que “los jueces no deben tener ninguna interferencia”.

“Los juicios son para nosotros el paradigma de la búsqueda de la verdad”, coincidió el gobernador electo de Jujuy, Gerardo Morales, quien propuso que el proyecto vuelva a comisión para analizar modificaciones, entre ellas la de investigar también a los sindicatos.

Por su parte, Morandini también pidió “no ocupar el lugar de la Justicia porque vamos a caer en el riesgo enorme de que no se haga justicia”.

En un extenso discurso, la cordobesa recordó que se cumplieron 30 años del juicio a las Juntas Militares y también repudió la editorial del último lunes del diario La Nación titulada “No más venganza”, donde se instaba a terminar con la persecución a represores.

“Cuando hay justicia se cancela la venganza”, resumió Morandini, quien incluso fue citada en esa nota periodística, y a su vez reivindicó la reacción de los trabajadores de La Nación que se diferenciaron de esa postura. “A nadie se le ocurre que se puedan anular los juicios”, añadió.

Antes de emprender la retirada, la legisladora señaló que “la deuda que tienen el Parlamento y el Estado es que no nos han dicho nada del destino de los desaparecidos a lo largo de estos 12 años”.

El jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, le salió al cruce: “Morandini es injusta planteando una cuestión donde nuestro gobierno ha trabajado con mucha intensidad”.

Además, el rionegrino indicó que “hay una tradición histórica de comisiones investigadoras que no actúan como tribunales de inquisición” y que su creación “forma parte de las atribuciones del Congreso”.

También rechazó una apreciación de Morales con respecto a que serían necesarios los dos tercios de los votos para aprobar un proyecto de estas características, señaló Parlamentario.com.

La iniciativa pertenece al diputado nacional y abogado laboralista Héctor Recalde (Frente para la Victoria) y en la Cámara baja había contado con el apoyo de todos los bloques a excepción del Pro, que se abstuvo.

Se trata de un tema resistido desde el sector empresario, pues contó con el rechazo público de la Unión Industrial Argentina (UIA). Algunas de las compañías denunciadas durante el debate parlamentario fueron Mercedes Benz, Ledesma, Loma Negra y Papel Prensa.

El objetivo planteado en el texto aprobado es “la búsqueda de la verdad, la memoria, la Justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”.

La bicameral estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores nacionales, de los cuales tres de cada cámara serán de la primera minoría, uno de la segunda minoría y uno por la tercera minoría.

La misión de este cuerpo será elaborar un informe donde queden identificados “los actores económicos y técnicos que contribuyeron a y/o se beneficiaron con la dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”.

La flamante ley también crea, en el ámbito del Congreso, el Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, para poner a disposición gratuita del público toda la documentación utilizada por la bicameral y relacionada al tema.

Los Trabajadores del Diario La Nación repudian el editorial contra los juicios por delitos de Lesa Humanidad

Trabajadores del diario La Nación realizaron esta tarde una asamblea donde repudiaron el editorial publicado hoy, titulada "No más venganza", donde se señala que "la elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70" y sostiene que "ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar". El comunicado de los trabajadores:

Los Trabajadores del Diario La Nación S.A. le decimos NO al editorial que, con el título "No más venganza" se publicó hoy, 23 de noviembre de 2015, en la página 32 del diario.

Quienes trabajamos en el diario La Nación, en las revistas que edita la empresa, en las versiones online de todos los productos periodísticos, entendemos que la vida democrática implica la convivencia de distintas ideas, proyectos e identidades políticas. Convivimos entre estas paredes trabajadores que expresamos esa diversidad y desde nuestras diferencias construimos un sentido común como trabajadores.

Desde esa diversidad rechazamos la lógica que pretende construir el editorial de hoy, que en nada nos representa, al igualar a las víctimas del terrorismo de Estado y el accionar de la Justicia en busca de reparación en los casos de delitos de lesa humanidad, con los castigos a presos comunes y con una "cultura de la venganza" que parece ser el verdadero leit motiv del editorial citado.

Los Trabajadores del Diario La Nación decimos SI a la Democracia, a la continuidad de los juicios de de Lesa Humanidad y decimos NO al olvido.

Por Memoria, Verdad y Justicia

Trabajadores de La Nación S.A.

Comisiones Internas de Prensa y Gráficos

Empresario expoliado en dictadura ofrece donar al Estado la indemnización

Estará presente hoy en la jornada del Banco Central en la que se darán a conocer actas secretas relevantes de la entidad durante el período 1976-1983.

En octubre de 1981, mientras permanecía secuestrado por la última dictadura militar, el empresario Eduardo Saiegh fue forzado a liquidar el Banco Latinoamericano, del cual era propietario. Los autores de la maniobra, según consta en las causas penales y comerciales, fueron el por entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y su brazo ejecutor para estas cuestiones: el vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal. El caso del despojo a Saiegh es relevante porque formará parte del debate sobre la desclasificación de las actas del proceso que presentará el actual titular del BCRA, Alejandro Vanoli, y que darán cuenta de la colaboración empresaria y del sector financiero con el plan económico de las Fuerzas Armadas. En el medio de un gran hermetismo, una alta fuente del BCRA no confirmó ni negó que el caso Saiegh forme parte de una de las actas secretas que se develarán hoy.

Otro dato importante es que el empresario en cuestión anunció que donará al Estado casi la totalidad de la indemnización que obtenga en el juicio. "Lo decidí porque el Estado me acompañó siempre, incluso como co-querellante, y en apoyo a la gestión de este gobierno", detalló Saiegh en diálogo con Tiempo Argentino.

El empresario adelantó que el monto que donará es de U$S 100 millones, sobre un total de U$S 120 millones. "Hay que pagar abogados con el resto", cuenta sobre el cálculo indemnizatorio que hicieron los peritos. "Mi caso es un caso testigo, porque muestra cómo operaban en aquel entonces el Ministerio de Economía y sus brazos operativos, como el Banco Central", detalló el ex propietario del BL, y recordó que "en mi historia estaba en juego además la adquisición de la empresa Austral".

¿Cómo fue la historia de Saiegh? El Estado buscaba quedarse con la empresa Austral, de la cual el BL era principal acreedor. La dictadura decretó la estatización de la firma, pero como el BL era uno de los accionistas, presionaron para que haya una liquidación por parte del empresario. Lógicamente, el objetivo se logró una vez capturado y torturado Saiegh. Lo cierto es que hoy el juicio penal está en instancia de Cámara para saber si se va a citar a Reynal, y la jueza es María Servini de Cubría. Pero la vía Comercial, la que derivará en la indemnización, tiene los montos definidos pero los plazos son inciertos. Saiegh explicó que el juez dará sentencia una vez que termine la causa penal, lo que puede demorar varios años.

Esta historia, con lógicos nuevos detalles, será parte del acto de presentación de documentación que se realizará hoy en el Banco Central. Según adelantó Tiempo la semana pasada, habrá material que permitirá que la justicia investigue la trama de endeudamiento externo impulsado por ese organismo para beneficiar a grandes grupos económicos locales y extranjeros.

La información se difundirá en el marco de la jornada de debate denominado "Los Derechos Humanos a la luz de las transformaciones económicas y financieras", cuyo cierre estará a cargo del titular de la entidad.

Se espera que el evento esté encabezado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y tendrá como anfitrión a Vanoli. Por su parte, José Sbattella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), abordará el tema "Las estructuras financieras de los represores: análisis de casos". Mientras que Pedro Biscay, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, aludirá luego al "Control del sistema financiero como garantía de protección de los Derechos Humanos".

En otro de los paneles que se desarrollarán hoy, Carolina Varsky, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y Judith König de la Oficina de investigación Económica y Análisis Financiero (ambas del Ministerio Público Fiscal) se referirán a las "Estrategias para el juzgamiento de la complicidad empresarial". Fuentes oficiales, a pesar de que existe en torno a las actas un silencio inquebrantable, confirmaron que además del material respecto a cómo se generó la deuda externa, se mostrará hoy frondosa documentación de sucesos en empresas, del mismo tenor que reviste el caso Saiegh.

Más de 100 casos denunciados

Muchos de los casos que se presentarán hoy vinculan a empresarios que padecieron en carne propia el azote de los militares. De acuerdo a los últimos datos disponibles de la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), los escuadrones represivos que comandaba Martínez de Hoz secuestraron a 143 empresarios entre los años 1976 y 1983, once de los cuales aún permanecen desaparecidos.

Como el caso Saiegh, hay muchos ejemplos: entre los más conocidos resaltan el de la familia Graiver, recordado por la sustracción a sangre y fuego de Papel Prensa, luego entregado a Clarín y La Nación; o el de los hermanos Iaccarino, de la Industria Láctea Santiagueña. Otros de los perseguidos fueron Equinoquímica SA, Cambio América, Banco de Hurlingham, Casa de Cambio Brasilia, Finsur SA, e Industrias Siderúrgicas Grassi.

Para justificar los procedimientos, los organismos oficiales reportaban irregularidades en esas firmas, la mayoría de las cuales eran ciertas.

El mecanismo de pase de información respecto a empresarios nacionales incluía a casi todos los organismos y brazos económicos del ministerio que conducía Martínez de Hoz. El objetivo, con posterioridad a los secuestros, era quebrar y forzar la liquidación de las compañías, para entregar esos bienes a otros empresarios cercanos al poder. Desde organismos oficiales aseguran que ese esquema de policía económica, con el tiempo, se reinsertó en empresas privadas. 

La colaboración civil con el terror

El jurista italiano Fausto Pocar comparó el caso Ledesma con el ejemplo de un general de la ex Yugoslavia que proporcionó armas luego usadas para matar civiles. Sugirió que tenía responsabilidad porque conocía el contexto en que lo hacía.

  Por Alejandra Dandan - Página 12 

Para Fausto Pocar, el caso Ledesma es “interesante”. El prestigioso jurista integra el Tribunal Criminal Internacional para la ex Yugoslavia desde el año 2000, primero como juez y luego en la Cámara de Apelaciones. En una conferencia en el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, en la que habló de los avances en jurisprudencia del Tribunal, le preguntaron por el caso Ledesma. Pocar comparó con el ejemplo de un general que proporcionó armas y que sirvieron para matar a soldados y civiles. ¿El general es responsable por los asesinatos de civiles en los que se usaron sus armas? ¿Contribuyó con esos crímenes? Pocar sugirió que sí. Y al aporte de materiales le agregó esa otra cosa más difícil de probar que es el “conocimiento”, aquello que en estos días se conoció como el “dolo” en el caso de las camionetas de Carlos Pedro Blaquier usadas por el terrorismo de Estado. “El general que ayudó –dijo– conocía muy bien la situación en Sarajevo, donde por tres años se mató a una cantidad de civiles. Las armas se podían usar para matar civiles, con lo que la mens rea (mente culpable, elemento subjetivo) está clara.”

Pocar tiene un largo currículum. Profesor de derecho internacional en Milán, estuvo 16 años en el Comité de Derechos Humanos (ONU) y fue su presidente entre 1991 y 1992. En estos días dio varios seminarios en Buenos Aires. Entre ellos, en la Facultad de Derecho de la UBA y en el Consejo de la Magistratura, donde presentó un libro del Ministerio de Justicia sobre Cuestiones actuales en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos. En una hora y veinte minutos, Pocar dio cuenta de los avances de la jurisprudencia del Tribunal de la ex Yugoslavia, pero sobre todo de la cocina en las discusiones de casos emblemáticos. Por ejemplo, en el primer caso en el que intervino y en el que se declaró a los crímenes como delitos de lesa humanidad. O el parentesco planteado por el tribunal de Ruanda entre el genocidio y las violaciones masivas, que equipara la destrucción psíquica a la física. Más cerca de la agenda argentina de los últimos días, habló de un “tema discutido”, que es la “contribución” en crímenes de lesa humanidad: “El tema más discutido en responsabilidad penal es sobre quien ayuda a quien comete el crimen o facilita la comisión del crimen”. El que proporciona armas para la comisión del crimen, ¿hasta qué punto es responsable del crimen?

“Durante muchos años el tribunal elaboró una tesis muy simple –explicó–: el que ayuda es responsable si conocía los medios (armas) que se iban a usar para cometer el crimen. Y si la contribución que brinda a la comisión del crimen es sustancial, importante.” Ese criterio se aplicó durante un cierto tiempo, dijo, hasta que una sala absolvió a un acusado introduciendo en el actus rea un elemento adicional: la dirección específica. A partir de allí, las armas tenían que servir sólo para la comisión del crimen específico.

El caso Perisic

El caso es conocido por el general Momcilo Perisic, ex jefe del estado mayor del ejército serbio, condenado en primera instancia a 27 años de prisión por crímenes que incluyeron la matanza de ocho mil musulmanes en Srebrenica, al este de Bosnia. La Cámara de Apelaciones lo absolvió por la aplicación del criterio de la “dirección específica”. Perisic conocía el sitio de la matanza, pero aquel criterio no lo hace responsable, porque allí había una ocupación militar y las armas se podían usar no sólo para matar a civiles, sino para combatir, situación que en una guerra es legítima, explicó el catedrático. Pero aclaró: “Es evidente que con esta decisión se cae todo el sistema de responsabilidad por la ayuda porque de hecho siempre se absuelve a los que están en rangos altos”.

El caso Perisic generó polémica. Es el eje del libro del Ministerio de Justicia y llegó a introducirse en el caso Blaquier. El tribunal de la ex Yugoslavia recibió críticas de personas, grupos y otros tribunales. En otro caso, el tribunal de Ruanda rechazó la idea. Argentina lo hizo también el año pasado a través de un fallo de la Sala II de la Cámara de Casación, en el segundo juicio de la ESMA. La sala integrada por Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David señaló que “con relación a la invención de la teoría de la ‘dirección específica’, dicho elemento no integra la participación criminal, pues se encuentra directa y materialmente en conflicto con los estándares del derecho internacional consuetudinario y con la tradición jurisprudencial del Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia desarrollada por más de dos décadas”.

Pocar mencionó ese fallo y también los fallos emitidos antes y después por el propio tribunal de la ex Yugoslavia para reducir el peso de Perisic e indicar que se volvió a la jurisprudencia anterior. Señaló a Perisic como un “incidente”, superado por fallos posteriores y al que, advirtió, “sería mejor olvidar”. “Ahora tenemos en la jurisprudencia una serie de casos que van en un sentido. Hay sólo este caso (Perisic), que va en un sentido contrario. Y después hay casos que toman de nuevo las decisiones que se tomaban la comienzo. Es decir, debería ser un problema cerrado éste del principio de la dirección específica, que no es un principio que se aplica, pero nunca se sabe qué va a deparar el futuro. Yo espero que a ese incidente le digamos así, y que el caso que introdujo el concepto de dirección específica se pierda.”

Perisic y Blaquier

Jorge Auat es el jefe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. En el libro escribió un comentario sobre el fallo de la Sala II, en el que advierte que ese freno a la “dirección específica” fue muy importante y un “alerta temprana”. ¿De qué hablaba Auat? De los efectos de aquel fallo en los casos de complicidad civil y económica con los delitos de la dictadura en Argentina.

El 11 de marzo de 2013, el diario La Nación publicó un editorial celebratorio del fallo Perisic en el que alentaba su uso para los civiles que estaban comenzando a ser juzgados. Con el título de “Trascendente fallo internacional”, el editorial señalaba: “La decisión de la sala de apelación del mencionado tribunal, que lleva fecha del 28 de febrero de este año, define con precisión las fronteras de la figura de la participación respecto de esos graves delitos, y seguramente tendrá efectos más allá de la jurisdicción misma del referido tribunal, incluido nuestro medio. Tanto en muchos de los procesos que, respecto de la década de los ’70, involucran a personal militar como en algunos, más recientes, que pretenden responsabilizar a algunos civiles”.

Quienes estaban en la sala del Consejo de la Magistratura leyeron estos antecedentes en el fallo de la semana pasada de la Sala IV de la Cámara de Casación. La sala integrada por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Rafael Riggi no cita el caso Perisic, pero contiene elementos que en ese mismo sentido parecen elevar el estándar de la prueba como lo hacía la teoría de la “dirección específica”. Auat levantó la mano en el Consejo de la Magistratura y le dijo esto a Pocar. “Mientras usted hablaba se me venía a la cabeza el fallo reciente de la Casación”, explicó. En ese contexto, preguntó sobre lo que los jueces rechazaron: el dolo, cómo se prueba y si la reconstrucción del contexto puede pensarse como una prueba. Ahí fue cuando Pocar habló de quien contribuye con la provisión de armas a un contexto donde se sabe que desde hace años mueren civiles y combatientes.

1980-2014: 34 Años de Complicidad e Injusticia

Por LUIS ALBERTO ODDONE

Oddone.luis@gmail.com

Miami.- Hoy, veinticinco de abril de 2014, se cumplen 34 años de mi secuestro e Intervención Ilegal del Banco Oddone S.A.

Tenía 37 años. Había creado un imperio que daba trabajo a 5.500 personas en relación directa y 30.000 en relación indirecta desde San Salvador de Jujuy hasta Río Gallegos. Las empresas de diversificación económica, 38 compañías industriales y comerciales, facturaban 1.800 millones de dólares. (Techint S.A. y Pérez Companc S.A. facturaban 1.000 millones y 400 millones respectivamente). El banco era el sexto banco del país con la mayor mesa de dinero del mercado financiero con un movimiento de 200 millones de dólares diarios.

Ese día me secuestraron llevándome a la División Bancos de la Policía Federal basada en el Banco de la Nación Argentina sobre la esquina de las calles Bartolomé Mitre y 25 de Mayo. El Presidente del Banco Central Adolfo Diz, el Vicepresidente 1ro. Alejandro Reynal y el Almirante Andrés Cobas habían dado la orden.

Designan interventor en el Banco Oddone S.A. al Presidente de Sasin S.A., financiera propiedad del Banco de Boston cuyo presidente era el cuñado del Vicepresidente 1ro Reynal. Me blanquean a las dos semanas fabricando una Causa por Administración Fraudulenta sin pruebas, investigación previa ni Sumario Administrativo de acuerdo al procedimiento indicado por la Ley de Entidades Financieras y su Reglamentación. Me derivan a la Unidad Carcelaria Nro. 1 de Caseros, hoy demolida.

La policía secuestra 17 funcionarios del grupo con sus esposas y el interventor encarcela a un Director del banco. Durante la intervención no efectúa Inventario de Inicio, se vacía el banco tomando fondos de redescuentos especiales innecesarios de los cuales desaparecen 50 millones de dólares. (La auditoría externa efectuada posteriormente por mí y presentada como prueba nunca fue tomada en cuenta por los Jueces Federales ni Comerciales). Los contra asientos contables para justificar la salida de los fondos eran ordenados en persona por el Lic. Alejandro Reynal al contador del banco. (Las pruebas documentales tampoco fueron nunca tomadas en consideración por la Justicia). Desde 1980 hasta 1984 ni el interventor ni los liquidadores designados a continuación contabilizan la actividad, ya pasiva, de pagos de depósitos, recupero de préstamos, salarios del personal, balances mensuales, cobros de dividendos, etc. A partir de 1984 los liquidadores del BCRA fabrican la contabilidad desde abril de 1980 en adelante la cual continúa hasta nuestros días.

En 1997 la Jueza Federal Penal me condena a seis años de prisión por presuntos préstamos otorgados  a las empresas del Grupo Oddone. La Sala II de la Cámara Federal Penal cambia la Carátula de la Imputación y me condena por la pérdida de los depósitos del Banco. (Los depósitos del Banco Oddone estaban asegurados por el Fondo de Garantía de los Depósitos implementado por el Banco Central y por cuya Póliza de Seguro se pagaba una prima preestablecida por la Entidad Rectora mensualmente).

Apelamos el Fallo a la Corte Suprema. La Corte Suprema deniega el Recurso Extraordinario aludiendo que el Recurso Extraordinario había sido mal otorgado porla Cámara Federal Penal. El Fallo de ésta queda firme sin darme el Derecho de Defensa en Juicio por el cambio de la Carátula en la Imputación.

La Corte Suprema en dos oportunidades determina la Violación del Debido Proceso: 1984 y 1987 continuando suspendida la Liquidación mediante unaMedida de No Innovar dictaminada por la CSJN en 1981 hasta tanto se determinara si el Banco Oddone fue liquidado a derecho o no. 

En 2005 la CSJN convalida la liquidación, antes suspendida por los Fallos mencionados anteriores de la propia CSJN, remitiéndose a los Estados Contables Falsos, (que desde hacía más de tres años estaban bajo investigación penal), y convalida también la ley de facto 22.267, sin hacer ninguna consideración al respecto, contrariando todos los principios y garantías constitucionales aplicables al caso, y contrariando también la propia doctrina de la Corte y los precedentes directos del caso.

A consecuencia de este Fallo comienza el proceso de quiebra del Banco Oddone S.A. en 2005, a 25 años del inicio del Proceso Judicial.

Continúa la Causa Comercial en el Juzgado Nro. 11 Secretaría Nro. 22 con la administración de los bienes del banco y la contabilidad fraguada por los funcionarios del Banco Central designados por el Directorio en 1980 y sus sucesores. Mi defensa comprueba durante el período de esa administración la venta ilegal de acciones del portafolio del banco, Reanult Argentina S.A., Astra S.A., Nobleza Piccardo, etc. por cifras millonarias parte de las cuales no son ingresadas al patrimonio del banco siendo sustraídas por los funcionarios del BCRA. Se comprueba la emisión de facturas falsas por parte de los funcionarios del BCRA para sacar fondos en su beneficio personal de los depósitos a plazo fijo del banco, malversaciones de fondos del Banco Oddone para financiar a otras entidades liquidadas sin patrimonio, contrataciones de personal inexistente, malversación en los alquileres de las estancias y propiedades inmuebles del banco, etc. La Fiscal de la Cámara Comercialefectúa, a consecuencia de estos hechos probados por la defensa, una Denuncia Federal Penal contra el B.C.R.A. la cual es promovida por el Procurador General dela Nación.

La Denuncia es tomada por el Juzgado Federal Penal Nro. 12 en 2003. El 18 de marzo de 2014 el Juzgado Federal Nro. 12 dictamina el llamado a Indagatoria para el ex interventor Juan Carlos Asté y los ex Directores del B.C.R.A. Marcelo Aiello, Manuel Rubén Domper, Juan Carlos Fossati, y Eugenio Armando Pendás.

Estas indagatorias completan las anteriores efectuadas a los funcionarios de líneaFernando González Llanos, Adolfo Carlos Lavenia, Miguel Ángel Pareja y Graciela Cristina Pérez. A partir de este dictamen del Juez Federal quedan configurados los delitos de Balance Falso y Administración Fraudulenta del Banco Central de la República Argentina en la Administración como Interventor y Síndico de la Quiebra Fraudulenta decretada por la Justicia Comercial a pedido del Banco Central bajo su gestión, en la que imputara a su principal accionista, el Sr. Luis Alberto Oddone y a su equipo de gestión.

Entretanto el BCRA se presenta a la quiebra del Banco Oddone reclamando una deuda inexistente. El plazo de verificación cerró el 26/9/06. El BCRA se presenta averificar solamente con copia del fallo de la Corte Suprema mencionado de 2005 y una certificación de sus propios libros (falsos), firmada por dos funcionarios (ni siquiera con firma de contador) por la que reclama un crédito de 2.300 millones de pesos. No presenta ningún respaldo documental para esa pretensión y ningún documento original de donde surja el monto o base del presunto crédito. Se comprueba más adelante por peritajes caligráficos solicitados por mi defensa que las firmas de los funcionarios son falsas.

Los Ex Directores llamados a Indagatoria ya han pedido prórroga para después de la feria judicial de julio, pero el Balance Falso y la Administración Fraudulentaha sido configurada y es inamovible. A pesar de ello la Cámara Comercial Sala E a cargo de los Dres. Sala y Uzal no se sintieron convencidos y produjeron un dictamen dilatorio a la confirmación del Fallo de 1ra. Instancia del Juzgado Nro. 11 Sec. Nro. 22, a cargo del Dr. Fernando Saravia, indicando: Esperar hasta que haya sentencia definitiva, supeditando la decisión final a la confirmación mediante Fallo del Juzgado Federal Penal.

De esta manera le dan oxígeno al BCRA operando literalmente como abogados dela Institución Oficial ya que ni el propio demandado planteó ese tema en el juicio. Los camaristas procedieron con una clara dependencia del Poder Político en un momento en el cual todos los actores representativos del país luchan por la independencia del Poder Judicial debido a la manipulación de los jueces desde las altas esferas del gobierno.

En estos 34 años y particularmente en los últimos en los cuales el cuestionamiento a la Administración de Justicia, a las decisiones económicas del gobierno y las denuncias de corrupción generalizadas por los medios de comunicación social, este caso arquetípico saturado de corrupción no ha merecido la atención ni la independencia de criterio necesarias para dar un final adecuado a una situación de características históricas. Particularmente cuando las cifras involucradas y las personas que han participado en el encubrimiento de los procedimientos utilizados por los funcionarios públicos superan muchas de las que se ventilan a diario en los medios de comunicación social.

De cualquier manera en todos estos años ha quedado demostrado que mis políticas bancarias y empresarias fueron las adecuadas para enfrentar la crisis financiera provocada por los Directores e Ideólogos Civiles de la Dictadura de 1976/1983 ya que mi patrimonio sigue, a pesar de los robos recurrentes, siendo uno de los más importantes de la Argentina.

Acompaño a esta descripción los nombres de los personajes que por acción u omisión han participado y participan de este proceso de encubrimiento y fuga hacia adelante desde 1980 a la fecha como partícipes necesarios del acontecer fáctico.

Sobre las Organizaciones empresarias: ADEBA, UIA, Consejo Empresario, etc., mejor no mencionarlas ya que nunca demostraron solidaridad. Antes, bien que se complacieron con la eliminación de competidores aprovechándose de la carroña dejada en el camino por los directores y funcionarios del Banco Central durante todos estos años.

El Banco Central de la República Argentina ha puesto en evidencia en este caso su nivel de corrupción y la transgresión sistemática a sus propias reglas y principios éticos.

Ministros de Economía:

J. M. Martínez de Hoz, Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann, J. M. Dagnino Pastore, Jorge Wehbe, Bernardo Grinspun, Juan V. Sourrouille, Juan Carlos Pugliese, Jesús Rodriguez, Miguel Roig, Néstor Rapanelli, Antonio E. González, Domingo Cavallo, Roque B. Fernández, José L. Machinea, Ricardo López Murphy, Domingo Cavallo, Nicolás Gallo, Jorge Capitanich, Rodolfo Frigeri, Jorge Rémes Lenicov, Roberto Lavagna, Felisa Miceli, Miguel Peirano, Martín Lousteau, Carlos Fernández, Amado Boudou, Hernán Lorenzino, Axel Kicillof.

Presidentes del Banco Central:

Adolfo Diz, Julio Gómez, Egidio Iannella, Domingo Cavallo, Julio González del Solar, Enrique García Vázquez, Juan J. A. Concepción, José Luis Machinea, Enrique García Vázquez, Javier González Fraga, Egidio Iannella, Rodolfo Rossi, Enrique Folcini, Antonio E. González, Javier González Fraga, Roque B. Fernández, Pedro Pou, Roque Maccarone, Mario Blejer, Alfonso Prat Gay, Martín Redrado, Mercedes Marcó del Pont, Juan Carlos Fábrega.

Jueces de la Causa Federal Penal:

Norberto Ángel Giletta, Amelia Berráz de Vidal, Nerio Bonifati, Gabriel Cavallo,Miguel Del Pino, Guillermo Bataglia, Alberto de Loza Leguizamón, Irurzún, Cattani, Tonelli, Petracchi, Belluscio, Fayt, Moliné OConnor, López, Bossert, Boggiano, Vazquez, Nazareno.

Jueces Causa Comercial:

Alejandro Máximo Paz, Marcelo Gebhardt, Miguel Bargalló, María Cristina OReilly, María Gabriela Vasallo, Fernando Saravia, Rodolfo Ramírez, Martín Arecha, Elios Guerrero, Bindo Caviglione Fraga, María Elsa Uzal, Ángel Sala, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos S. Fayt, Enrique S. Petracchi, Juan Carlos Maqueda, E. Raúl Zaffaroni, Cármen M. Argibay.

NB: Si los lectores se interesan por encontrar más información pueden encontrarla en mi libro en http://www.amazon.com: COMO ROBAR UN BANCO Justicia Cómplice en Argentina o por internet en http://www.correodebuenosaires.com.ar 

TAMBIÉN ESTAMOS EN FACEBOOK

https://twitter.com/CorreodeBsAs

El Congreso investigaría complicidades económicas durante la dictadura

Diputados del Frente para la Victoria impulsarán en el Congreso la creación de una Comisión investigadora para identificar a los cómplices económicos de la última dictadura cívico-militar.

El primer paso será este lunes a las 17, cuando encabezados por el titular de la Cámara Baja, Julián Domínguez, y el presidente de la Comisión de Trabajo, Héctor Recalde, un grupo de 14 diputados del Frente para la Victoria presenten en conferencia de prensa el proyecto para crear la “Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar para la Búsqueda de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia”.

El proyecto que lleva la rúbrica, entre otros, de Recalde, la titular de la bancada oficialista, Juliana Di Tullio, y los diputados Andrés Larroque y Eduardo "Wado" De Pedro, señala que la Comisión "tendrá por objetivo la elaboración de un informe con una descripción detallada de los aspectos más salientes así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la dictadura que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983 y la identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron a y/o se beneficiaron con esa dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza."

Los fundamentos serán defendidos en la conferencia de prensa por Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV); Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS) y el propio Recalde.

La iniciativa propone que la Comisión este compuesta por un presidente, designado por el Poder Ejecutivo Nacional, quien deberá reunir acreditada solvencia y experiencia en el campo de los Derechos Humanos y que tendrá a su cargo la representación de la Comisión, cuatro diputados y cuatro senadores, que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos.

Los firmantes del proyecto sostienen que no puede haber diferencia entre “las consecuencias civiles y penales de los delitos de lesa humanidad abogando por la prescriptibilidad de las acciones civiles y por la imprescriptibilidad de las acciones penales” y aseguran que esa posición no sólo es "restrictiva" sino que "resulta más dolorosa e impropia en el caso argentino en el cual el golpe militar no obedecía a una necesidad militar" sino a conseguir "una profunda redistribución de los poderes sociales a favor de los sectores más poderosos".

En caso de avanzar la intención de los legisladores la Comisión "deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices” y deberá publicar el informe dentro de los 180 días, contados a partir de su constitución, plazo que podrá ser prorrogado por única vez por otro igual.

La Comisión deberá formular dentro de los 20 días siguientes a su constitución un cronograma de trabajo que incluirá: recepción de información y denuncias; citación y requerimiento de informes a organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios, empresas, cámaras empresarias, asociaciones sindicales y partidos políticos, y a dependencias de los tres poderes del Estado.

La Comisión "deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices” y deberá publicar el informe dentro de los 180 días, contados a partir de su constitución, plazo que podrá ser prorrogado. 

La Comisión podrá obligar a todos los estamentos del Estado a brindar informes y también podrá solicitarlo a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

En ningún caso será oponible a la Comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. La Comisión podrá recurrir a la justicia a fin de remover todo obstáculo arbitrario que se presente a la investigación.

En los juicios por delitos de lesa humanidad están investigados 297 civiles

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) precisó que en los juicios por delitos de lesa humanidad están investigados 297 civiles, lo que representa el 13% del total de los 2239 imputados. El organismo subrayó que los funcionarios del Poder Judicial representan el 20 por ciento de los civiles procesados, mientras que señala un trato diferenciado de las responsabilidades --solo uno de siete sacerdotes fue condenado--. Por otra parte, el Cels califica de "escasa" la investigación respecto del personal civil de inteligencia.

El informe, que es un adelanto del libro "Derechos Humanos en Argentina. Informe 2014", sostiene que la "extensión en el tiempo y la información que se produce en el marco de los juicios" contra las Fuerzas Armadas "ampliaron los límites de la investigación penal" y dejaron en evidencia la "responsabilidad de civiles".

Para sostener esa hipótesis, el documento precisa que hasta marzo de 2014, son 297 los civiles investigados, el 13% del total de 2.239 imputados, lo que refuerza la idea de que la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983 fue "cívico-militar".

Los tipos de civiles acusados van desde funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, profesionales de la salud, personal civil de inteligencia, integrantes de la Iglesia Católica, empresarios y apropiadores de menores. Sin embargo, el informe plantea que si bien "se profundizaron las investigaciones" sobre los civiles, "la Justicia actúa con diferentes criterios frente a este tipo de responsabilidad". Para ejemplificar esta conclusión, se indica que de siete sacerdotes implicados en delitos de lesa humanidad, entre los cuales sólo uno está condenado.

Además, el documento resalta que es "escasa" la investigación respecto del personal civil de inteligencia, siendo estos los más cercanos al aparato clandestino de represión. "En 2010 se hicieron públicos listados con miles de nombres, pero en cuatro años no fue analizado aún en detalle. En la actualidad, son 70 los investigados por la Justicia", precisa.

En tanto, los números de procesados señalan que "los funcionarios judiciales y los integrantes de empresas o grupos económicos son los dos tipos de civiles sobre los que se avanzó con mayor firmeza en los últimos dos años".

En relación con los funcionarios del Poder Judicial, se detalla que representan el 20 por ciento de los civiles investigados y se cuestiona que la Justicia siga considerando que su participación no fue "orgánica". "Numerosos fallos marcan un fenómeno que contradice ese supuesto accionar aislado, como el rechazo masivo de hábeas corpus, las costas, el archivo o la falta de solicitud de medidas de prueba", aporta el informe reproducido por Página 12.

En ese sentido, el CELS sugiere que "el juicio que se realiza actualmente en Mendoza" podría ser "una oportunidad histórica de sentar precedente respecto de la contribución del Poder Judicial al plan represivo".

Según se indica, fueron relevantes los procesamientos a miembros de empresas que colaboraron, lo que dejó como resultado que en 2013 muchas causas que se encontraban obstaculizadas hayan avanzado, como fue el caso de Ford y el procesamiento de sus directivos, o el caso de Acindar, que comenzó a dar señales de movimiento. Sin embargo, otras causas permanecen estáticas, como Mercedes Benz.

Por ello, sigue el informe, la experiencia de los juicios por las causas Ledesma y La Veloz del Norte, que podrían comenzar este año, serían clave para analizar el rumbo de estos casos. "La investigación penal de la complicidad civil es una oportunidad única para reflexionar sobre el rol de determinadas instituciones, como la Iglesia Católica en el marco de una sociedad democrática, el rol de la Justicia y el lugar que ocupan los grupos económicos en los proyectos de país", concluye el informe.

"En esta causa se ve cómo se vincula el terrorismo de Estado con el lavado de bienes"

Eduardo Saiegh, ex titular del Banco Latinoamericano (BLA), del que fue desapropiado durante la dictadura, elogió la solicitud de la Unidad de Información Financiera (UIF) para ser considerada parte querellante en la causa por su secuestro, desapoderamiento de activos y el lavado de los mismos.

“La presentación corrobora lo que siempre dije sobre que fueron los jefes civiles los que lucraron con la dictadura y se la puede caracterizar como caso emblemático con la estatización de Austral durante la dictadura”, dijo a Télam.

Saiegh considera que en esta presentación de la UIF “se ve cómo se vincula el Terrorismo Económico de Estado con el lavado de dinero y basta ver cómo en un solo ROS (reporte de operación sospechosa) se habla de casi 500 millones de dólares”.

El ex titular del BLA considera que “están dadas las condiciones para denunciar e investigar judicialmente si la transferencia de Merchant Bankers Asociados (MBA Lazard) es una operación de lavado de bienes apropiados durante la dictadura, además de los reportes de operaciones sospechosas ya denunciados, que son un impedimento”.

“El Estado ha reconocido el carácter de crimen de lesa humanidad de este desapoderamiento, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, que es coquerellante a través de una fundamentación brillante de Eduardo Luis Duhalde, y ahora lo hace la UIF”, indica Saiegh, para quien “el BCRA no puede entonces emplear su autonomía para ponerse por fuera del Estado y su política de derechos humanos, y permitir la transferencia de la financiera del principal acusado (Alejandro) Reynal, que era dueño del 99,9% del paquete accionario”.

La UIF pidió ser querellante en la causa de Eduardo Saiegh

Por: Franco Lucatini

La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un escrito ante la Justicia para pedir ser querellante en la causa que investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura contra Eduardo Saiegh. En el proceso ya integra la querella el mismo empresario, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El caso Saiegh es uno de los paradigmas de la responsabilidad civil y financiera en el terrorismo de Estado perpetrado por el gobierno militar, pero aún no tiene condenas.

El 31 de octubre de 1980 cuando la División Bancos de la Polícia Federal lo secuestró, Eduardo Saiegh era el vicepresidente y acreedor mayoritario de la entidad financiera que había fundado cinco años antes: el Banco Latinoamericano de Inversión (BLI). Durante una semana lo torturaron en la sede del Banco Nación, donde lo obligaron a confesar delitos que no había cometido para justificar una posterior intervención de su entidad bancaria. Fue el vicepresidente hasta que el presidente y el vice segundo fueron citados y obligados a firmar la liquidación del banco.

Según Saiegh, el ataque y el desapoderamiento del BLI se debieron al interés del vicepresidente del BCRA, Alejandro Reynal, en hacerse de los títulos de Austral Líneas Aéreas, depositados en la banca de Saiegh como garantía por una deuda de la aerolínea con el banco. La empresa tenía un pasivo superior a los 250 millones de dólares, y uno de los accionistas era el primo de Reynal. Con la maniobra, el gobierno de facto buscaba estatizar Austral y trasladar ese pasivo a las espaldas del Estado nacional.

Saiegh denunció el hecho tras la recuperación de la democracia, pero su causa judicial tuvo numerosos obstáculos hasta convertirse en emblema. Recién con la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se reactivó la vía judicial. El expediente tramitó en el juzgado de Daniel Rafecas hasta que fue apartado por la Cámara Federal, y la instrucción dependió del fiscal Carlos Rívolo, también separado por mal desempeño. El mismo banquero pidió el juicio político del fiscal, en abril de 2012, porque Rívolo no impulsó la causa -iniciada en 2009- “injustificada e ilegalmente”.

Ahora la UIF quiere sumarse a la querella. Sbatella, el titular del órgano antilavado, insiste en que no sólo debe atacarse al “delito económico” sino que debe desbaratarse “la economía del delito”, que en los casos de delitos de lesa humanidad, ha permitido subsistir en la ilegalidad a los responsables del terrorismo de Estado. Uno de los argumentos del economista es que al no haberse reparado esa situación económica, los criminales de lesa humanidad prosiguen en el ilícito de generar terror a través de la garantía de la impunidad.

No es la primera vez que la UIF solicita sumarse  la querella en delitos de lesa humanidad. Otros casos significativos en el intento de esclarecer el rol civil y la responsabilidad de los actores financieros y económicos de la dictadura son las causas de Papel Prensa y la de los hermanos Iaccarino, muy similares en los hechos a la de Eduardo Saiegh. En su caso particular, se suma el componente antisemita de los militares, que lo sometieron a los peores vejámenes con una saña que ellos mismos refirieron como “castigo” por ser judío.

Saiegh promovió su querella denunciando extorsión, torturas y desaparición forzada. A todo eso ahora se suma el impulso de la UIF, que intenta demostrar que en el núcleo dirigido por José Alfredo Martínez de Hoz -acusado directamente por Saiegh- cometió el delito de lavado de activos de orígen ilícito. El desapoderamiento de las empresas y del capital privado no sólo era una motivación más al momento de cometer un delito: también era un fin en sí mismo que permitía poner coto al desarrollo de las alternativas económicas que no eran neoliberales. Una vez que encontraron una mecánica para lavar ese dinero, los genocidas se nutrieron de esos fondos para evadir a la justicia y continuar en la ilegalidad sin sufrir grandes dificultades.

La estatizacion de Austral y las FFAA subordinadas al poder económico

EL PAIS › LOS ARCHIVOS ENCONTRADOS DE LA DICTADURA PERMITEN ENTENDER LA NACIONALIZACION DE AUSTRAL

Una operación para salvar a los privados

La estatización decidida por Martínez de Hoz fue para rescatar a los dueños de La Anónima: Federico Braun y Pablo Braun; Eduardo Braun Cantilo, y William Reynal, primo del vicepresidente del Banco Central durante la dictadura.

  Por Sebastián Premici

El próximo 20 de marzo, el Ministerio de Defensa a cargo de Agustín Rossi publicará los archivos encontrados en el Edificio Cóndor, perteneciente a la Fuerza Aérea. Aproximadamente, el diez por ciento de toda la documentación hallada tiene que ver con el caso de la empresa Austral, “nacionalizada” por la dictadura cívico-militar en septiembre de 1980. La historia de Austral da cuenta de cómo el poder económico de entonces, encabezado por Alfredo Martínez de Hoz en el Ministerio de Hacienda, compró las acciones de una compañía quebrada con el solo objetivo de evitarle a sus accionistas privados el pago de la deuda que mantenían con el Estado. Los empresarios rescatados por Martínez de Hoz eran los dueños de La Anónima: Federico Braun y Pablo Braun; Eduardo Braun Cantilo y William Reynal, primo del vicepresidente del Banco Central durante la dictadura cívico-militar (1979-81). Con esta operación no sólo evitaron pagar su deuda con el Estado, sino que recibieron una compensación por la “nacionalización” de la compañía. Martínez de Hoz intentó venderle la empresa a Franco Macri, del Grupo Socma, y a Carlos P. Blaquier (Ledesma).

Esta historia fue reconstruida a partir de los archivos encontrados en el Edificio Cóndor, analizados por el equipo de derechos humanos de la Comisión Nacional de Valores, integrado por Celeste Perosino, Bruno Napoli y Walter Bosisio. Para los investigadores que tuvieron un primer acceso a estos archivos, el caso Austral ejemplifica cómo las Fuerzas Armadas estaban subordinadas al poder económico y a las decisiones que se tomaban desde el Ministerio de Economía, comandado por Martínez de Hoz y Guillermo Klein, dos representantes del establishment, uno por la Sociedad Rural y el otro por la Bolsa de Comercio.

La Fuerza Aérea no quería nacionalizar Austral. En cambio, el equipo económico de entonces estaba dispuesto a llevar adelante su concepto de “subsidiariedad del Estado”, es decir, garantizarle a las empresas privadas y a los empresarios su subsistencia. Para comprender esta puja dentro de la propia dictadura cívico-militar basta con algunos ejemplos. Dentro de la documentación analizada por el equipo de la CNV, surgen varias actas con declaraciones del comodoro (R) Larghi. “Se tomaron medidas políticas que, como ya lo expresara, no debieran dejar entrever que sólo apuntaron a proteger el pretendido buen nombre de William Reynal, quien a través de la vía mas cómoda y barata para él, se había desprendido, sin ninguna responsabilidad, de sus obligaciones naturales de empresario”, escribió Larghi el 6 de noviembre de 1980. En otro pasaje, sostuvo: “Me violenta tener que repetir que no hay que comprar Austral”.

William Reynal es el primo de Alejandro Reynal, ex vicepresidente del Banco Central y hoy dueño del MBA Lazard (Merchant Bankers Asociados). El tenía más del 70 por ciento de las acciones de Austral. La aerolínea aparece casi en quiebra desde 1979, a pesar de los continuos préstamos que recibía del Banade. “Hay un empecinamiento de Martínez de Hoz y su equipo para salvar a sus amigos, lo ves en la tensión con la Fuerza Aérea, que quiere declarar la quiebra, pero ellos siguen poniendo plata que nunca apareció”, sostuvo a Página/12 Walter Bosisio.

El principal acreedor de Austral era el Estado y el único privado era el Banco Latinoamericano (BLA), cuyo titular era Eduardo Saiegh. El BLA tenía acciones de la aerolínea en caución, por siete millones de dólares. Saiegh fue secuestrado el 31 de octubre de 1980 y torturado durante una semana en la dependencia de la Policía Federal del Banco Nación. Saiegh acusó a Reynal (Alejandro) de ser el instigador de su secuestro, con el objetivo de quedarse con las acciones de Austral. Una vez liberado, fue obligado a liquidar su banco.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en nuestra condición de accionistas de Austral a fin de precisar el ofrecimiento que efectuáramos por nota el 10 de septiembre de 1980”, puede leerse en una carta enviada por los dueños de Austral a Martínez de Hoz. Esa oferta consistía en la “transferencia de las acciones y la totalidad de los derechos patrimoniales y políticos correspondientes”. Varios meses antes de aceptar esa oferta, el equipo económico de la dictadura cívico-militar se sentó a negociar con Franco Macri y Carlos P. Blaquier.

Entre los documentos del Edificio Cóndor existe una carpeta que da cuenta de una oferta hacia Macri y al grupo Socma, con la posibilidad de quedarse con el 60 por ciento de la empresa, mientras que el restante 40 por ciento seguiría en manos de Reynal. Luego de un intercambio de ofertas, la Fuerza Aérea consideró que la propuesta de Franco Macri no era suficiente. “Siendo que Franco Macri tiene posible acceso a la presidencia de Austral se solicita se investiguen antecedentes personales y comerciales”, escribió en un documento el brigadier Francisco Salinas, fechado en mayo de 1980.

Tras el fracaso de esas negociaciones, el 23 de octubre de 1980, hubo un almuerzo entre la cúpula cívico-militar con Carlos P. Blaquier y el doctor Marangoni, del Grupo Ledesma. Esa oferta tampoco prosperó. “Fue un negocio que ni siquiera los militares pudieron parar, a pesar del rechazo de la Fuerza Aérea. El Estado compró las acciones de Austral y todos recibieron un pago por esta estatización. No fue un simple traspaso de las acciones, sino que se pagó por esa empresa, beneficiando a los mismos que la habían quebrado. Fue un negocio redondo”, concluyó Bruno Napoli.

spremici@pagina12.com.ar